Las idas y venidas en el tratamiento del proyecto de Ley de Agrotóxicos por parte del Congreso de la Nación, son reveladoras de los intereses que se movilizan en torno a este tema y desnuda la falta de regulación tanto para la salud de las personas como en el ambiente.

En Misiones, sin ir más lejos, cinco de cada 1000 niños nacen con malformaciones en las zonas donde con preferencia se utilizan estos productos para la producción de tabaco y la elaboración de pasta celulósica, con la consecuente degradación del suelo, contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos de agua.

Si bien en la tierra colorada el drama se remonta a varias décadas, la legislación doméstica nunca alcanzó para poner límites a semejante atentado contra la vida humana y los recursos naturales, según se desprende de los lapidarios informes acerca de la incidencia del uso de estos venenos. El panorama no es diferente a lo que sucede en otras provincias.

Pero el negocio que se mueve en torno a esta problemática, alentada por los laboratorios extranjeros desde sus centrales o a través de operadores locales, frenó una y otra vez la discusión de normas que apunten a preservar la vida y ambiente, con campañas sospechosas en las que se vieron involucrados hasta los propios congresales.

Los últimos vaivenes se centraron en el Senado de la Nación, donde el proyecto de ley en cuestión debía ser analizado por tres comisiones, pero a la hora fijada para la convocatoria el 31 de octubre pasado, el senador entrerriano Alfredo De Angeli, suspendió el llamado, dejando el dictamen de Diputados en los umbrales de la prescripción.

Pero otra vez quedaron en evidencia los intereses en juego, aunque nadie se animó a dar explicaciones sobre la discusión futura de los dos proyectos en danzas: uno que prevé la regulación nacional del uso de agrotóxicos, resguardando a la población y el ambiente, en tanto que el otros privilegia un modelo de agricultura casi exclusivamente sustentado en el uso de fertilizantes.

La primera iniciativa se refiere a una “ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo de productos agroquímicos”, que “prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos y limita la aplicación terrestre a 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas, escuelas rurales, plantas avícolas o de producción de animales y de espejos, cursos o pozos de agua”, según el sitio RNMA.

Además, la Red Nacional de Medios Alternativos menciona que el proyecto “responsabiliza a los funcionarios que no hagan cumplir las prohibiciones establecidas en la ley”, mientras que el otro instrumento se denomina “Ley de Elaboración, Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios”.

Aquél proyecto fue impulsado por el senador Fernando “Pino” Solanas y el restante que tiene media sanción de Diputados desde 2015 fue presentado por el diputado kirchnerista Luís Basterra, quien tiene como aliado a De Angeli (PRO).

Sin embargo, a pesar de las sucesivas postergaciones, ahora se dice que antes de fin de año habrá una Ley de Agrotóxicos, si es que se supera el silencio con que los senadores intentaron la discusión, a diferencia del contexto en que fueron analizados otros temas de igual trascendencia como la Ley de Bosques o la Ley de los Glaciares.

Será entonces, si se concreta la sanción, un medio para contrarrestar los efectos devastadores de los agrotóxicos en la población infantil de Misiones, al igual que en otras provincias, donde la vida y el ambiente hoy valen menos, mucho menos, que los intereses de los más poderosos.

Redaccion: LVM

Foto de tapa: Pablo Piovano. Publicado en la revista Rolling Stone, año 2016.

En Fracrán, Misiones, Ramona Angélica de Lima cría seis hijos. Una es Jésica Sheffer (a los 11 en esta foto), que padece una malformación que le impide estar en pie.

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