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Tarifazo: la Justicia negó atribuciones a Marchesini, legisladores y otros para accionar por los usuarios
POSADAS. La Justicia Federal de Posadas negó atribuciones a los integrantes de la denominada Mesa Interinstitucional para actuar en representación de los usuarios, al frenar un recurso de amparo por los últimos incrementos en las tarifas por consumo de energía eléctrica.
La decisión, con fechada en febrero de este año, se conoció ayer en medio de la sorpresa generalizada de los integrantes de dicho órgano que aguardaban una decisión favorable a su planteo, ante el revuelo social que provocó por el aumento aplicado por EMSA en diciembre y enero pasados.
Sin embargo, el juez interviniente desestimó como actores a la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marien Marchesini; a los diputados Roque Gervasoni (renovador), Martín Sereno (PAyS), y Jorge Ratier Berrondo y Liliana Rodríguez (Cambiemos).
En la misma situación fueron encuadrados el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo y el autodesignado titular de la Asociación de Consumidores de Misiones (Consumis), Rolando Gutiérrez, además de los vecinos y representantes de organizaciones sociales que conforman la Mesa.
Con respecto a la ministra Marchesini, el fallo advirtió que “no tiene legitimación procesal para intervenir”, en tanto que los legisladores carecen de “capacidad para intervenir en nombre de los usuarios del servicio eléctrico de Misiones”, según detalles del pronunciamiento que trascendieron.
En el caso del defensor Penayo, la Justicia Federal le requirió que “justifique la representación de los usuarios y consumidores de Posadas”, en tanto que a los responsables de la Asociación de Consumidores les advirtió que deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Del listado, únicamente Gutiérrez de Consumis defendió su injerencia señalando que el órgano que representa es “provincial y no nacional”, al fundamentar su participación en la Mesa Interinstitucional que fue cuestionada por la Justicia.
Dicha Mesa surgió a fines del año pasado y después se identificó como Interinstitucional por su heterogénea composición con la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marien Marrchesini; los diputados Roque Gervasoni (renovador), Martín Sereno (PAyS), y Jorge Ratier Berrondo y Liliana Rodríguez (Cambiemos).
También se sumaron el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, y el representante de Consumis, Rolando Gutiérrez, además de presidentes de comisiones vecinales y referentes de organizaciones sociales.
A principios de este mes, el grupo recurrió a la Justicia Federal con un amparo para que “la imputación de la normativa referente a la readecuación de la energía eléctrica ordenada por el poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Energía Minería y la Secretaría de Energía, y se ordene a CAMMESA (distribuidora nacional) que retrotraiga a marzo de 2017 los valores de la venta de la energía eléctrica a EMSA, en tanto agente distribuidor del sistema eléctrico”.
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