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Denuncian “peligrosa” decisión del Superior Tribunal de anular un fallo absolutorio

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Es el caso en el que absolvieron a Victoria Aguirre por la muerte de su hija. Su pareja recibió una pena de 19 años de prisión. Ahora los ministros dejaron sin efecto y pidieron una nueva pena. Los acusaron de impulsar un “juicio encubierto sin derecho a defensa”.

POSADAS. El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género denunció otra “peligrosa” decisión del Superior Tribunal de Justicia de anular un fallo y ordenar otro “apartándose de las leyes vigentes y de las garantías constitucionales que debe respetar”.

El pronunciamiento surgió ante la decisión de la Corte provincial de dejar sin efecto el fallo en la causa “Aguirre Victoria Elizabeth; Lovera Rolando Emilio S/ Homicidio Calificado Por Haber Sido Cometido Contra Su Descendiente Y Homicidio”.

Los ministros, en votación dividida de 7-2, ordenaron al tribunal del origen que dicte una nueva sentencia de acuerdo a la valoración de la prueba que a su criterio forman parte del expediente en cuestión.

El caso se remonta al 29 de enero de 2015, cuando Selene Aylén Aguirre, quien tenía dos años y cuatro meses, murió a causa de un golpe en la cabeza. Por el hecho, en 2017 y en dos juicios, comparecieron la madre, Victoria Aguirre, que en ese entonces tenía 24, y su pareja, Emilio Lovera (32). La mujer fue absuelta y el hombre fue condenado a 19 años por el homicidio de la menor.

Ante la revisión ordenada por el Superior Tribunal, el Equipo señaló que se trata de “una reafirmación de las irregularidades que ya señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que absolvió a Cristina Vázquez” y Cecilia Rojas, condenadas a perpetua por el crimen de Ersélide Dávalos.

Añadió que el pronunciamiento muestra “una vez más la peligrosidad de las decisiones que toma o avala apartándose de las leyes vigentes y de las garantías constitucionales que debe respetar”.

Es un absurdo jurídico que dará lugar a un nuevo juicio encubierto”, remarcó el Equipo “porque ordena que se dicte una nueva sentencia con las pruebas producidas en el juicio y en la instrucción para con ello evitar caer en el doble juzgamiento prohibido por la Constitución”.

Pero “al mismo tiempo remite la causa al Agente Fiscal para la investigación y esclarecimiento del hecho, lo que implica la posibilidad de nuevas pruebas”, lo que “daría lugar a un nuevo juicio encubierto en el que los acusados no tendrían derecho a defensa”, puntualizó.

A raíz de la situación planteada, los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas anticiparon que presentarán un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal rechazando el fallo y, en caso de ser necesario, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para defender del fallo absolutorio.

 

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