San Javier: en medio de despidos, se coló el apoyo de usureros colombianos a Vilchez

El dato fue reflotado entre el malestar por la cesantía de unos 200 empleados. El intendente renovador dijo que eran “ñoquis”. Pero entre ellos hay contratados de hasta 15 años de antigüedad. Los colombianos aportaron fondos en la campaña.

SAN JAVIER y POSADAS. El conflicto por el despido de unos 200 empleados de la Municipalidad de San Javier, tuvo este miércoles una insólita derivación cuando salió a la luz el apoyo económico de prestamistas colombianos al intendente Matías Vilchez.

De acuerdo con las versiones conocidas en “La dulce”, como se identifica a esta localidad del Alto Uruguay, los originarios de la tierra de la cumbia, habrían contribuido para que el actual alcalde pudiera afrontar su campaña proselitista, el año pasado.

Los colombianos, que venden muebles casa por casa y también ofician de prestamistas cobrando intereses usurarios, hasta llegaron a realizar importantes aportes en efectivo para los gastos preelectorales de Vilchez, candidato de la Renovación.

El apoyo quedó reflejado en la noche del 2 de junio del año pasado, cuando una vez conocidos los resultados de las elecciones provinciales y municipales de Misiones, izaron la bandera de Colombia en una plaza pública de esta localidad.

El periodista Hugo Viano confirmó en la radio FM Show, de Posadas, que el festejo por el triunfo del intendente se centralizó en el paseo de La Rotonda, como se conoce al lugar que cuenta con mástiles para la colocación de las banderas oficiales.

Aquél incidente, a pesar de que los protagonistas creían que se había superado, se reflotó en medio del conflicto por los despidos en la Municipalidad que dispuso Vilchez, apuntando a los agentes sin tarea asignada.

La medida llegó a los medios nacionales que citaron al intendente misionero como un ejemplo de reordenamiento político y financiero de su municipio, pero en cuestión de horas el reconocimiento se derrumbó, al parecer por la inclusión de casos que serían injustos.

Una fina revisión de los cesantes, habría derivado en la determinación de que se trataba de contratados con 8, 10 y hasta 15 años de prestación de servicios, como también de personal que figuraba como monotributista, en un plantel de 267 trabajadores.

Las observaciones generalizadas, en especial entre los afectados y las organizaciones sindicales del sector estatal, apuntaron a Vilchez por haber adoptado una medida en forma improvisada, a pesar de que había llegado al cargo con expectativas de cambio en la conducción municipal.

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