Concejal de Mártires apoyó a despedidos, lo denunciaron por amenazas y fue apartado

La decisión contra Ramiro Sosa fue adoptada en un trámite express. Fue en una sesión que condujo el polémico presidente Hugo Cabrera. Es el mismo que posó desnudo y rodeado de billetes. A Sosa, además lo acusaron de “tener mala onda”.

POSADAS. Un concejal renovador de Mártires, que apoyó los reclamos de un grupo de empleados despedidos del Concejo Deliberante, fue separado del cargo por una denuncia de amenazas que presentó el intendente “Jandy” Max.

El edil que fue apartado de sus funciones “mientras dure el proceso judicial”, es Ramiro Sosa, quien proviene del mismo sector político que el jefe comunal, pero el último conflicto laboral dejó al descubierto una feroz interna entre ambos.

En las divergencias también tendría participación el actual presidente del deliberativo municipal, Hugo Cabrera, quien cobró notoriedad al fotografiarse desnudo en una cama y rodeado de billetes (foto), además de encadenarse al arco de acceso al municipio.

El incidente por los despidos de unos quince trabajadores del Concejo, dispuesto por Cabrera, disparó un rápido proceso contra Sosa quien fue acusado por el intendente Max de haberlo amenazado, según constancia de una denuncia policial.

El caso fue presentado en el recinto de sesiones durante una sorpresiva convocatoria del cuerpo, y mientras el supuesto transgresor fue comunicado a través de un mensaje por whatsapp sobre el proceso en su contra.

El mismo Sosa dijo que “cuando fui el viernes para que se me hiciera una comunicación formal, por escrito, como corresponde, me enteré que ya me habían cocinado”, al referirse a la decisión de apartarlo del cargo por la denuncia del intendente.

Al ser consultado acerca de los fundamentos esgrimidos por sus pares al apoyar la sanción, Sosa comentó que en mayoría se apoyaron en la denuncia en su contra, en tanto que uno de los concejales lo acusó de “tener mala onda”, al pronunciarse sobre su separación.

“Me acusan de liderar un grupo de manifestantes, que son 14 o 15 empleados que están despedidos”, dijo y añadió que “la declaración del intendente no está ni siquiera en el trámite judicial”, al señalar que se trataría de una exposición policial que aun no fue judicializada.

La medida en su contra “carece de toda validez jurídica porque no hay causa, no hay investigación, no hubo derecho a defensa”, dijo Sosa ya que cuando fue a reclamar la formalización del trámite ya había sido separado del cargo.

Con respecto a la continuidad del trámite, dijo que desconocía porque “ni siquiera dieron curso a la incorporación de mi suplente, ya que cerraron la sede con candado hasta el 1 de mayo de 202”, expresó a la radio FM Show de Posadas.

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