Tres ministros sabían de las andanzas de los delincuentes de Ecología y no hicieron nada

POSADAS. Una situación de complicidad de al menos tres ministros salió a la luz con la detención de cuatro funcionarios del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, acusados de exigir coimas a un agricultor, aunque también habrían participado en la extensión de guías para el transporte de madera ilegal y desmontes clandestinos.

De acuerdo con publicaciones de distintos medios locales, las andanzas del cuarteto que fue aprehendido el viernes pasado ya habían sido denunciadas en abril de 2017 por otro funcionario de la misma cartera, que recibió amenazas por interferir en la jurisdicción de la banda con las normas vigentes.

Hasta donde se sabe el accionar delictivo se remontaría a la gestión de la ex ministra Viviana Rovira, esposa del actual gobernador Hugo Passalacqua y prima de Carlos Rovira, conductor de la Renovación; se habría consolidado en el mandato de Verónica Derna y continuaba sin sobresaltos con Juan Manuel Díaz, todos ministros del área.

Pero un agricultor decidió ponerle fin y dejando de lado sus temores, recurrió a la Policía con la exigencia ciudadana de que también estuviera presente el juez de turno, a fin de garantizarse la defensa de sus derechos, ante el cúmulo de quejas y objeciones por los mismos motivos que nunca prosperaron.

Fue entonces que Jorge Mario Zapata, de 57 años, director de control del Ministerio; Héctor Oscar Wolhein, de 60, y Juan Carlos González, además de otro funcionario terminaron tras las rejas aunque mucho antes habían sido denunciados por el Jefe del Departamento de Control del Ministerio de Ecología, Mario Alberto Meza, por un mensaje en que se lo conminaba a dejar de hacer controles.

En su momento, la denuncia de Meza fue desestimada por la ex ministra Verónica Derna, actual diputada nacional, pero fue el antecedente que dejó en evidencia que los funcionarios detenidos formaban parte de una red vinculada al apeo ilegal, contrabando de árboles nativos y coimas a agricultores.

El memorándum de Meza fue remitido el 15 de abril del 2017, y hacía referencia a que el inspector forestal González, lo amenazó telefónicamente para que dejara de lado los controles en la zona de Bernardo de Irigoyen, “porque vas a tener problemas con nosotros”, refiriéndose a la banda que integraba con Zapata y Wolhein.

El mismo denunciante dijo que en la advertencia se le hizo saber que “nosotros somos los jefes y yo sé bien que ustedes ban (sic) a trabajar. Nosotros nos manejamos directamente con la ministra. Ya desaparesé (sic) de la ruta (que no haga control en la ruta) porque vas a tener problemas con nosotros”.

Por entonces, también se dejaba entrever que estaría involucrado el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Juan Solari, quien no podría desconocer tales sucesos, pero se sabía que éste respondía a la ex ministra, Viviana Rovira, prima del presidente de la Cámara de Representantes y conductor de la Renovación, pero ya había sido reemplazada por Derna.

A raíz del accionar mafioso de los funcionarios, varios empresarios de la madera expresaron con reservas sus preocupaciones, al punto que habrían detectado que la madera incautada por el Ministerio terminaba como insumo de aserraderos ilegales.

A todo ellos se sumó ahora la denuncia por coimas contra los mismos funcionarios, en un caso que también afecta a la gestión del ministro Juan Manuel Díaz, quien al igual que sus antecesores en el cargo no podría alegar el desconocimiento de tales hechos, ya que antes fue planteado a Rovira y Derna, cuya complicidad no quedaría al margen de la investigación que desató la denuncia de un agricultor; no de los funcionarios del área.

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