Ramón Puerta figura entre los funcionarios macristas que no informaron su patrimonio

BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y redacción central). El embajador en España, Ramón Puerta, figura entre unos 6000 funcionarios de distinto rango del gobierno macrista que no informaron su patrimonio en tiempo y forma, tal como establece la Ley de Ética Pública.

El dato fue proporcionado hoy por la Oficina Anticorrupción, a casi un año de haberse cumplido el plazo para el cumplimiento de dicho requisito que tiene valor de “declaración jurada”, en el que figuran 3.130 incumplidores y 2.992 cumplidores “a medias”.

En el segundo grupo se incluyeron los que remitieron su declaración jurada de bienes a la AFIP, pero no presentaron los anexos reservados (que muchas veces son claves para las investigaciones patrimoniales) ante el organismo de control. La OA hizo este relevamiento el pasado 19 de junio.

El universo de obligados a informar públicamente su patrimonio incluye a todos aquellos funcionarios que están desde la primera hora en Cambiemos y que el año pasado debieron presentar su estado patrimonial de 2016, pero también los funcionarios que se fueron -y debieron presentar el informe de “baja” de la función- y los que empezaron a ocupar cargos en los últimos meses y debieron darse de “alta”.

Los incumplidores

La universidades públicas, el Senasa, la Anses, la Cancillería, las fuerzas de seguridad, la AFIP y Pami son los organismos con mayor porcentaje de incumplidores.

Entre los morosos se encuentran 121 directores de Estado de los ministerios de Hacienda, Justicia, Modernización, Producción, Trabajo, Interior y Agroindustria, además de varios embajadores como Ramón Puerta (España), José Octavio Bordón (Chile), Normando Álvarez García (Bolivia) y Mariano Caucino (Israel).

Para estar en regla, los funcionarios tienen que cumplir con varios pasos. La primera etapa consiste llenar los formularios online N° 1245 y N° 1246 en la página web de la AFIP. En un sobre aparte, además, los ministros, secretarios y las terceras líneas tienen que llenar los “datos reservados” del patrimonio, que incluyen la declaración de familiares, los antecedentes profesionales y otra información sensible, como la vinculada a las tarjetas de crédito.

Todos los ministros y ex ministros y las primeras líneas ya hicieron público su patrimonio. La OA estipuló, en tanto, que casi 2.992 de los obligados realizaron la etapa online, pero no cumplieron con la presentación formal de toda la información (pública y reservada) ante las áreas de recursos humanos de sus ministerios.

Fue a partir de los informes patrimoniales que se iniciaron, por ejemplo, las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito de López o de Julio De Vido; las actuaciones por presunto conflicto de interés en el caso del exministro Juan José Aranguren o del actual titular de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere: o la causa contra Mauricio Macri por presunta “omisión maliciosa” en su declaración jurada, que terminó con un resultado favorable para el Presidente.

Los funcionarios deberán presentar entre julio y agosto de este año las declaraciones juradas correspondientes al periodo 2017.

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