Tras estar dos años prófugo, cayó en Uruguay el gordo mortero

Sebastián Rodrigo Romero fue detenido este sábado en un campo de la región de Chuy cercano a la frontera con Brasil.

URUGUAY. El militante de izquierda que era buscado por la Justicia hacía más de dos años por disparar un mortero en medio de las protestas contra la reforma previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, fue detenido este sábado en la localidad uruguaya de Chuy tras una investigación del área de Interpol de la Policía uruguaya junto a la Policía Federal Argentina.

Sin sus largas rastas, con el pelo corto y un barbijo sobre una barba tupida, Romero, referente del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) fue capturado por personal de la Policía Nacional de Uruguay en la frontera con Brasil, en el departamento Rocha. En un video de la detención y el traslado difundido por el sitio Reportes, se puede ver que su aspecto ahora es muy diferente al de hace dos años.

La imagen de Romero en pose de ataque, con una sonrisa y largas trenzas rasta mientras en la Cámara de Diputados se sesionaba para aprobar la iniciativa -capturada entonces por el reportero gráfico de Infobae Nicolás Stulberg- lo transformó en el “Gordo Mortero”, un personaje devenido en meme en redes sociales y, al mismo tiempo, en el prófugo más reconocible y buscado del país, con un pedido de captura nacional e internacional en su contra.

De acuerdo a las primeras informaciones, Romero habría sido detenido este sábado por la mañana en un campo cuando intentaba ingresar al país vecino y se entregó sin ofrecer resistencia. Se cree que habría recibido apoyo de estructuras locales.

Luego de la amplia difusión que tuvieron sus imágenes en esa manifestación, Romero fue imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, delitos que cuentan con una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Tras la acusación, el ex delegado de General Motors en Santa Fe y precandidato a diputado nacional por el PSTU de 35 años se mantuvo prófugo.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció en 2018 una recompensa de un millón de pesos por información sobre su paradero y difundió imágenes generadas por computadora que intentaban ilustrar cómo se vería Romero, hipotéticamente, sin sus rastas o barba. El militante oriundo de Rosario tenía además una circular roja de Interpol sobre su cabeza.

“La Policía uruguaya detuvo hoy al prófugo de la justicia argentina Sebastián Romero, quien está a disposición de la Fiscalía”, expresó el Ministro del Interior uruguayo, Jorge Larrañaga, en su cuenta de Twitter. “Felicito al personal de las Direcciones de Migración e Interpol y de la Jefatura de Policía de Rocha por el trabajo realizado”.

El expediente, radicado en el Juzgado Federal N°12, fue investigado por la fiscal Alejandra Mangano bajo la calificación de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Los pedidos de eximición de prisión planteados por su defensa fueron rechazados en dos ocasiones, con una negativa de la Sala I de Casación presidida por el juez Gustavo Hornos en marzo de 2018.

“En principio la acusación es esa. Tendremos que ver si no hay otra imputación vinculada con lesiones hacia algún efectivo policial, pero hasta ahora no sabemos nada. El lunes vamos a ponernos en contacto con el juzgado y veremos cómo sigue la causa”, su abogado defensor, Martín Alderete, que también representa a Daniel Ruiz, otro militante de ese espacio político juzgado bajo esa imputación por su accionar en esa misma protesta.

Hasta el momento, Migraciones no tenía registros de que Romero haya cruzado la frontera de forma legal y, casi dos años después de su fuga, su primera aparición “pública” fue a través de un mensaje que envió desde la clandestinidad en el que se definió como un “perseguido político del gobierno de Macri” y llamó a un gran paro general para “tirar abajo” al gobierno de Sebastián Piñera en Chile.

“Previo trámite de extradición, Romero será entregado a la Policía Federal Argentina, para que ésta continúe las acciones judiciales ordenadas en el país”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad a la agencia Télam.

“Quiere presentarse y declarar ante la Justicia. No va a obstaculizar el proceso de extradición y creo que en menos de 30 días estará en el país”, aseguró Alderete, quien aclaró que aún no tomó contacto con el militante ni con el juzgado en el que se tramita la causa.

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