Los movimientos sociales le sacaron al macrismo la emergencia alimentaria

El proyecto fue presentado por la oposición. Tuvo el aval de Cambiemos. Se destinarán unos 10 mil millones de pesos. 

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria, que contempla un aumento del 50% de la ayuda a políticas de alimentación y nutrición, con un costo fiscal estimado de $10 mil millones.

La declaración fue exigida por los movimientos sociales y de acuerdo con los voceros del macrismo en el Congreso, la demanda se cubrirá con recortes a la obra pública.

El proyecto fue presentado por la oposición el lunes y aprobado por todas las fuerzas políticas, incluida Cambiemos, que decidió avalarlo para contener la protesta social y evitar otro choque con la oposición en plena campaña electoral.

El Senado lo sancionaría el próximo miércoles, si Federico Pinedo (PRO) y el jefe del PJ Carlos Caserio pueden garantizar el quórum.

La sesión duró menos de 3 horas, con 5 minutos por cada orador, un acuerdo de oficialismo y kirchnerismo para no subir el clima de protesta social que empezó con acampes la semana pasada y este miércoles sumó una concentración frente al Congreso durante la sesión.

La diputada de izquierda socialista, Mónica Schloutthauer, fue la única abstención en la sesión. El proyecto se aprobó con 222 votos y sólo hubo una modificación en el artículo 4.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese cálculo daba 20947 millones de pesos. La ley obligaría al Gobierno a aportar la mitad de esa cifra para los mismos conceptos: el plan nacional de protección social, políticas alimentarias (comedores y merenderos) y el Pro Bienestar, que está a cargo del Pami.

En Cambiemos aseguran que la ley no será más que una nueva resignación presupuestaria y en tal caso el problema lo tendrá el próximo Gobierno. La ley sólo impide cubrir los aumentos con fondos destinadas a otros servicios sociales y obliga a quien sea jefe de Gabinete en enero de 2020 a indexar trimestralmente estas partidas según la variación más alta entre el Indice de precios al consumidor (IPC) o la canasta básica del Indec.

La ejecución de las partidas y las transferencias a las provincias (motivo de queja de los gobernadores) serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por gestión de la diputada massista Carla Pitiot.

“El 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, el nivel más alto en una década. La Sigen permitirá tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica, explicó la legisladora.

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