Se trata de Carlos Capdevila y Lucio Nast, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces argumentaron su decisión en el estado de salud de los represores.
BUENOS AIRES. Carlos Capdevila, médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y el ex policía rosarino Lucio César Nast, alias Ronco, ambos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.
En el caso de Capdevila, fue el juez Daniel Obligado, el mismo del Tribunal Oral Federal que hace unas semanas le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, quien decidió enviarlo a su casa en medio de la pandemia de coronavirus.
La decisión de Obligado se fundamentó en que el condenado por crímenes de lesa humanidad es un preso de los considerados de riesgo debido a la pandemia de coronavirus que asola el mundo. El juez Obligado le concedió el arresto domiciliario a uno de los parteros de la maternidad clandestina de la Esma al considerar que estaba expuesto frente al contagio del coronavirus, por tratarse de una persona de casi 70 años y que tiene varios problemas de salud en su historial médico.
Capdevila fue condenado por varios hechos de apropiación indebida de menores, también por aplicación de tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma.
En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Se intentaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”.
Capdevila declaró: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.
Según el informe médico que llegó a manos del juez Obligado, el represor Capdevila tiene hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices entre otras cuestiones de salud. Además, el juez evalúo que Capdevila no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple condena, e incluso comparte lugares comunes con otros detenidos.
Ante el pedido del represor Capdevila, el fiscal Leonardo Filippini se opuso a concederle el arresto domiciliario pero finalmente el juez se lo otorgó bajo otros argumentos.
El fiscal había considerado que en el lugar de detención dónde se encontraba Capdevila estaba bien atendido. Pero el juez Obligado tuvo en cuenta que Capdevila es uno de los 1.280 presos que informó el Servicio Penitenciario Federal integra el grupo de presos de mayor riesgo de contraer coronavirus, en este caso tanto por su elevada edad y por sus problemas de salud preexistente.
Capdevila cuenta con al menos tres condenas por violación a los derechos humanos, todos ellos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Esma. De esta forma, Capdevila recibió en 2011 una condena a 20 años de prisión sumados a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y otra última de 10 años de prisión que ya había agotado.
En tanto, hace unos días, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario al represor Lucio Nast (66), quien fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los magistrados de esa sala del máximo tribunal penal del país consideraron que por su edad y por su estado salud, Nast es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus.
En un fallo dividido, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques votaron por concederle el beneficio al represor. En tanto, Alejandro Slokar votó en disidencia y alertó sobre el riesgo de que bajo el pretexto de la pandemia se encubran actos de impunidad.
Para otorgarle el beneficio, los jueces Yacobucci y Mahiques consideraron que Nast tiene 66 años y que “presenta diversos y complejos problemas de salud (gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis, dolor crónico abdominal, colelitiasis, trauma acústico, y secuela de herida de arma de fuego en tórax y pelvis)”.
“Corresponde atender, asimismo, a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria”, sostuvieron los dos magistrados.
Por su parte, el juez Slokar sostuvo en cambio que el recurso debía ser rechazado y que en su lugar de detención “se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias” y “se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”, por lo que no corresponde otorgarle el arresto domiciliario.
Nast fue condenado a 22 años de prisión -en un fallo confirmado por Casación- por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario; el más grande de la provincia de Santa Fe.
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NACIONALES
Senadores ya debaten la ley de aborto: los misioneros, dos en contra y uno a favor
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a debatir en comisiones el proyecto de despenalización del aborto.
En un intenso año legislativo, que en medio de una pandemia fue más agitado que años anteriores, la votación definitiva se espera para el 29 de diciembre, mientras que las sesiones ordinarias irán hasta el 3 de enero de 2021.
El Ejecutivo nacional espera aprobar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el plan de los 1.000 días –una promesa de campaña de Alberto Fernández– tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes pasado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
A partir de las 14 de hoy, los senadores empezarán a sesionar en forma virtual el plenario de tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre.
El día de la votación, el debate será presidido por la comisión Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa.
Voto a voto
De acuerdo a los primeros sondeos, las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro y se espera que la pelea sea voto a voto.
Esta vez, el peronismo está decidido a ganar, luego de la derrota de 2018 por 38 a 31 cuando era oposición al gobierno de Cambiemos.
Ahora, en los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre cinco y seis senadores que no se pronunciaron sobre el tema.
Como ya sucedió en la Cámara de Diputados irán a exponer en el Senado expertos en el tema entre este martes y miércoles con el objetivo de convencer a los indecisos o indefinidos. Quienes están a favor del proyecto y los que están en contra se dividirán en partes iguales a esos expositores, que serían, en principio, 30.
Cuando se voten ambos proyectos estarán habilitados para participar 71 senadores. La Cámara la integran 72, pero el tucumano José Alperovich pidió la prórroga de su licencia hasta el 31 de diciembre, ya que se lo investigado en una causa por abuso sexual tras la denuncia de una de sus sobrinas, quien también había trabajado como una de sus asesoras.
Hay otro senador, el catamarqueño Oscar Castillo, que declaró que se abstendrá. En 2018 había votado afirmativamente pero en este momento acusa al Gobierno de oportunismo político. Más allá de estos dos casos, los que relevan números en la Cámara Alta ven por ahora un 32 a 32 en las preferencias en la crucial votación.
En caso de haber igualdad, desempatará Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avisó a los legisladores que prefiere evitar esa situación.
El voto misionero
Los tres senadores por Misiones, Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana, de la renovación, y Humberto Schiavoni, del PRO, adelantaron su voto. Por su parte, el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara Alta aseguró que irá en contra de la iniciativa del presidente, quien dio libertad de acción a los legisladores.
Mismo camino seguirá Solari Quintana, quien ya se pronunció en oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la votación de 2018, y este año ratificó su compromiso con la ola celeste provida.
De su lado, el senador Schiavoni se pronunciará de igual forma que en el debate de hace dos años y apoyará la iniciativa que lleva al pañuelo verde como signo de lucha.
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NACIONALES
Diputados dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se define en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora pasará al Senado.
Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 legisladores que se abstuvieron.
Ahora todas las miradas están sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
A lo largo de la reunión del pleno del cuerpo, expusieron más de 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
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NACIONALES
El aborto legal baja al recinto para un debate de 30 horas, en Diputados
Un plenario de comisiones dio despacho a la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo con modificaciones. La sesión comienza este jueves.
La Cámara de Diputados e la Nación, en un plenario de comisiones, dio dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y será debatido desde este jueves y hasta el viernes en una sesión especial del cuerpo, por unas 30 horas.
Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.
La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo fue tratada en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizó por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
Al abrir la reunión, Moreau, destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
También remite al Código Civil los casos de las jóvenes de 14 y 15 años, ya que los embarazos gestados hasta los 13 se consideran violación y los mayores de 16 están encuadrados en las normas vigentes con su respectiva figura legal.
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
El denominado sector “verde” contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.