La Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo de interrupción legal del embarazo

La Ciudad de Buenos Aires adhirió al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

BUENOS AIRES. Por amplia mayoría este jueves los legisladores porteños adhirieron al protocolo que especifica las intervenciones que son legales en Argentina desde 1921.

La Legislatura porteña aprobó ayer la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). De 59 votos, 49 fueron positivos, 7 negativos (todos de Vamos Juntos) y 3 abstenciones.

“La adhesión (al protocolo ILE) es un paso más en la Ciudad a favor del derecho a la salud de las mujeres”, dijo la diputada Patricia Vischi, de UCR-Evolución, quien fue la primera oradora del debate y es presidenta de la comisión de Salud de la Legislatura. Vischi también destacó que el proyecto de ley tuvo el apoyo “transversal de todas las fuerzas políticas” y que la decisión fue tomada “en articulación con la sociedad civil“.

También participó del debate Ofelia Fernández (FdT), quien afirmó que “en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y parir”, y agregó que “la ILE ya es un derecho y este protocolo viene a terminar con las restricciones” que impiden acceder a esta práctica.

Sin embargo, la postura de cada bloque no fue unánime y, entre los diputados que no apoyaron la adhesión, se encuentra Guillermo González Heredia (VJ), quien se definió como “el primer orador (de la sesión) del grupo llamado celeste”. “¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo”, sostuvo.

El proyecto para la adhesión al protocolo ILE fue presentado en febrero último por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.

Sobre la ILE

El protocolo ILE establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

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