NACIONALES
Amplían denuncia contra Macri y Dietrich por beneficios a empresas aéreas
El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tahilade, presentó ante el juez Sergio Torres una ampliación de la denuncia que había realizado a fines del año pasado contra Mauricio Macri, su padre, y distintos funcionarios del gobierno nacional, en el marco de la escandalosa entrega de rutas áreas a las empresas “low cost”, Avian y Fly Biondi, vinculadas al primer mandataria y el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana. Algunas de estas ganaron rutas para llegar hasta Misiones.
En este marco, Tahilade solicitó ser considerado como “Amicus Curiae” del tribunal.
En la primera denuncia presentada por Tailhade y Juan Cabandié el 30 de diciembre del año pasado; el jefe de Estado Mauricio Macri, su padre y funcionarios del gobierno nacional como el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales. Pidiéndose, en aquel momento, la investigación por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
En el escrito de ampliación de la denuncia presentado ante la Justicia, se sumaron a dicha investigación dos nuevos hechos donde las empresas aéreas vinculadas a la familia Macri se ven claramente beneficiadas.
Por un lado, la concesión realizada por el Ministerio de Transporte (a cargo de Guillermo Dietrich) de las rutas áreas de cabotaje e internacionales a empresas “low cost”, donde según el documento de la JATA se dieron marcadas “arbitrariedades” y “beneficios” a las empresas Avian y Fly bondi – vinculadas al presidente Macri y al coordinador del gabinete económico Mario Quintana – en perjuicio de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
Además, la quita de los mecanismos de autorización de servicios no regulares y otros controles en beneficio casi exclusivo a la empresa AVIAN LINEAS AEREAS SA, continuadora de la empresa MACAIR JET SA, y sus empresas vinculadas, todo ello de propiedad del Presidente de la Nación y su familia, realizado mediante la Resolución ANAC 79/2017 dictada por el Administrador de la ANAC, el Ingeniero Juan Pedro Irigoin.
De este modo, la ampliación de la denuncia por beneficios a las empresas aéreas vinculadas al Presidente de la Nación y su familia, suma a la investigación lo actuado en beneficio de estas empresas por el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC, Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC, Hernán Gómez por infracción a los artículos 248 y 256 del Código Penal, y 218 del Código Aeronáutico.
En este marco, la justicia federal recibió esta semana una denuncia contra el presidente, su jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por un supuesto fraude al Estado.
El fraude se cometería con la transferencia de la aerolínea Macair, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, también del Grupo Macri, que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo.
La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Avianca por la ANAC, al uso nacional e internacional de las Rutas Aéreas. “Estas -de acuerdo a la presentación- se superponen en todos los casos a las que navega en la actualidad Aerolineas Argentinas”.
“La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas ya que el gigante “colombiano” (hoy en manos de la Flia Macri) busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder”, dice la denuncia.
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Senadores ya debaten la ley de aborto: los misioneros, dos en contra y uno a favor
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a debatir en comisiones el proyecto de despenalización del aborto.
En un intenso año legislativo, que en medio de una pandemia fue más agitado que años anteriores, la votación definitiva se espera para el 29 de diciembre, mientras que las sesiones ordinarias irán hasta el 3 de enero de 2021.
El Ejecutivo nacional espera aprobar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el plan de los 1.000 días –una promesa de campaña de Alberto Fernández– tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes pasado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
A partir de las 14 de hoy, los senadores empezarán a sesionar en forma virtual el plenario de tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre.
El día de la votación, el debate será presidido por la comisión Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa.
Voto a voto
De acuerdo a los primeros sondeos, las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro y se espera que la pelea sea voto a voto.
Esta vez, el peronismo está decidido a ganar, luego de la derrota de 2018 por 38 a 31 cuando era oposición al gobierno de Cambiemos.
Ahora, en los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre cinco y seis senadores que no se pronunciaron sobre el tema.
Como ya sucedió en la Cámara de Diputados irán a exponer en el Senado expertos en el tema entre este martes y miércoles con el objetivo de convencer a los indecisos o indefinidos. Quienes están a favor del proyecto y los que están en contra se dividirán en partes iguales a esos expositores, que serían, en principio, 30.
Cuando se voten ambos proyectos estarán habilitados para participar 71 senadores. La Cámara la integran 72, pero el tucumano José Alperovich pidió la prórroga de su licencia hasta el 31 de diciembre, ya que se lo investigado en una causa por abuso sexual tras la denuncia de una de sus sobrinas, quien también había trabajado como una de sus asesoras.
Hay otro senador, el catamarqueño Oscar Castillo, que declaró que se abstendrá. En 2018 había votado afirmativamente pero en este momento acusa al Gobierno de oportunismo político. Más allá de estos dos casos, los que relevan números en la Cámara Alta ven por ahora un 32 a 32 en las preferencias en la crucial votación.
En caso de haber igualdad, desempatará Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avisó a los legisladores que prefiere evitar esa situación.
El voto misionero
Los tres senadores por Misiones, Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana, de la renovación, y Humberto Schiavoni, del PRO, adelantaron su voto. Por su parte, el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara Alta aseguró que irá en contra de la iniciativa del presidente, quien dio libertad de acción a los legisladores.
Mismo camino seguirá Solari Quintana, quien ya se pronunció en oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la votación de 2018, y este año ratificó su compromiso con la ola celeste provida.
De su lado, el senador Schiavoni se pronunciará de igual forma que en el debate de hace dos años y apoyará la iniciativa que lleva al pañuelo verde como signo de lucha.
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Diputados dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se define en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora pasará al Senado.
Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 legisladores que se abstuvieron.
Ahora todas las miradas están sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
A lo largo de la reunión del pleno del cuerpo, expusieron más de 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
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El aborto legal baja al recinto para un debate de 30 horas, en Diputados
Un plenario de comisiones dio despacho a la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo con modificaciones. La sesión comienza este jueves.
La Cámara de Diputados e la Nación, en un plenario de comisiones, dio dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y será debatido desde este jueves y hasta el viernes en una sesión especial del cuerpo, por unas 30 horas.
Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.
La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo fue tratada en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizó por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
Al abrir la reunión, Moreau, destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
También remite al Código Civil los casos de las jóvenes de 14 y 15 años, ya que los embarazos gestados hasta los 13 se consideran violación y los mayores de 16 están encuadrados en las normas vigentes con su respectiva figura legal.
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
El denominado sector “verde” contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.