NACIONALES
A siete meses de lanzado, las obras del Plan Belgrano no arrancan
A casi siete meses de haber sido lanzado con bombos y platillos con el fin de “saldar la deuda histórica en materia de infraestructura de las regiones del NOA y NEA”, el Plan Belgrano -que pilotea el radical tucumano, José Cano- no ha logrado pasar de las promesas a las obras concretas y se expone en forma creciente a los cuestionamientos de las provincias norteñas que ponen en duda el rol del organismo estatal que fue creado para agilizar las inversiones.
Al frente de la “Unidad Plan Belgrano” (UPB) desde mediados de diciembre de 2015, Cano afronta una doble complicación operativa que desluce día a día su gestión como responsable de un proyecto que, en teoría, apunta a reducir la desigualdad social y económica de dos regiones postergadas.
Puertas afuera del Gobierno, es el blanco de los reclamos que disparan los legisladores nacionales y los gobernadores de las provincias norteñas por las demoras que registran las promocionadas obras del plan Belgrano.
Y dentro del gabinete nacional, prácticamente no es tenido en cuenta por los ministros de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich y de Energía, Juan José Aranguren con los cuales debería planificar y coordinar la ejecución de las iniciativas y acciones que fueron anunciadas en el marco del plan Belgrano.
Tras haber constituido una de las principales banderas electorales, el Plan Belgrano recibió su puntapié inicial junto con las primeras medidas de la administración macrista. La Unidad Plan Belgrano (UPB) fue creada bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete el mismo día del traspaso de mando presidencial. A su titular se le otorgó rango de secretario de Estado con un organigrama compuesto por cuatro subsecretarios-coordinadores (Desarrollo Humano, Infraestructura, Desarrollo Económico y Relaciones Institucionales y Comunicación) y dos directores-subcoordinadores de las regiones del NOA y NEA.
Según los lineamientos oficiales, el Plan Belgrano contempla la puesta en marcha de un plan de infraestructura que en el plazo de una década implicará una inversión total de 16.000 millones de dólares en rutas, ferrocarriles, saneamiento, energía, aeropuertos, escuelas y viviendas.
A eso se agrega la conformación de un “Fondo de Reparación Histórica” por 50.000 millones de pesos para los primeros cuatro años del plan.
Objetivos demorados
Además de los montos en juego, los funcionarios incluyeron dentro de los objetivos del Plan Belgrano cinco puntos clave: una intervención rápida en los focos de pobreza extrema; subsidios para los fletes a los puertos; prioridad en la cobertura social e inversión educativa; un programa de 250.000 viviendas e incentivos laborales y fiscales para las inversiones privadas.
Ante cada planteo de las provincias por las obras y las medidas prometidas que no llegan, Cano les pide que tengan paciencia porque los proyectos llevan un tiempo de coordinación e implementación.
Pero más allá de las excusas y explicaciones que pueda brindar, el principal problema que enfrenta Cano es que su organismo no tiene poder decisión, ni facultades para definir los proyectos, llamar a licitación y certificar los pagos de las obras.
Tal como fue diseñada, la UPB es un organismo más “testimonial que operativo” que hoy cuenta con un plantel de 50 empleados que poco y nada pueden hacer para sacar adelante las obras que están a cargo de las áreas y empresas que dependen de Frigerio, Dietrich y Aranguren.
Las ambiguas e imprecisas funciones que Macri le asignó a la UPB sólo le permiten a Cano desarrollar las siguientes tareas de apoyo y relevamiento:
–Asistir al Jefe de Gabinete en el desarrollo y coordinación de las políticas sociales, productivas y de infraestructura que reduzcan la desigualdad entre la región Norte y el resto del país en coordinación con las áreas del Estado Nacional competentes en la materia.
–Efectuar el seguimiento del grado de ejecución de las políticas implementadas en las jurisdicciones competentes involucradas.
–Entender en la priorización de los proyectos con financiamiento externo que se ejecuten en las jurisdicciones competentes involucradas.
La marginación que arrastra la UPB en la consideración del Gobierno quedó a la vista en la última semana de junio cuando se difundió la obra de 274 millones de pesos para la captación de agua y construcción de acueductos en la provincia de Jujuy.
Pese a que estaba encuadrada en el Plan Belgrano, en todas las publicidades efectuadas en los medios gráficos nacionales y provinciales no hubo ninguna mención a la UPB y los únicos que aparecieron como responsables de la obra fueron el ministerio de Interior y el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).
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NACIONALES
Senadores ya debaten la ley de aborto: los misioneros, dos en contra y uno a favor
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a debatir en comisiones el proyecto de despenalización del aborto.
En un intenso año legislativo, que en medio de una pandemia fue más agitado que años anteriores, la votación definitiva se espera para el 29 de diciembre, mientras que las sesiones ordinarias irán hasta el 3 de enero de 2021.
El Ejecutivo nacional espera aprobar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el plan de los 1.000 días –una promesa de campaña de Alberto Fernández– tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes pasado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
A partir de las 14 de hoy, los senadores empezarán a sesionar en forma virtual el plenario de tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre.
El día de la votación, el debate será presidido por la comisión Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa.
Voto a voto
De acuerdo a los primeros sondeos, las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro y se espera que la pelea sea voto a voto.
Esta vez, el peronismo está decidido a ganar, luego de la derrota de 2018 por 38 a 31 cuando era oposición al gobierno de Cambiemos.
Ahora, en los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre cinco y seis senadores que no se pronunciaron sobre el tema.
Como ya sucedió en la Cámara de Diputados irán a exponer en el Senado expertos en el tema entre este martes y miércoles con el objetivo de convencer a los indecisos o indefinidos. Quienes están a favor del proyecto y los que están en contra se dividirán en partes iguales a esos expositores, que serían, en principio, 30.
Cuando se voten ambos proyectos estarán habilitados para participar 71 senadores. La Cámara la integran 72, pero el tucumano José Alperovich pidió la prórroga de su licencia hasta el 31 de diciembre, ya que se lo investigado en una causa por abuso sexual tras la denuncia de una de sus sobrinas, quien también había trabajado como una de sus asesoras.
Hay otro senador, el catamarqueño Oscar Castillo, que declaró que se abstendrá. En 2018 había votado afirmativamente pero en este momento acusa al Gobierno de oportunismo político. Más allá de estos dos casos, los que relevan números en la Cámara Alta ven por ahora un 32 a 32 en las preferencias en la crucial votación.
En caso de haber igualdad, desempatará Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avisó a los legisladores que prefiere evitar esa situación.
El voto misionero
Los tres senadores por Misiones, Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana, de la renovación, y Humberto Schiavoni, del PRO, adelantaron su voto. Por su parte, el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara Alta aseguró que irá en contra de la iniciativa del presidente, quien dio libertad de acción a los legisladores.
Mismo camino seguirá Solari Quintana, quien ya se pronunció en oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la votación de 2018, y este año ratificó su compromiso con la ola celeste provida.
De su lado, el senador Schiavoni se pronunciará de igual forma que en el debate de hace dos años y apoyará la iniciativa que lleva al pañuelo verde como signo de lucha.
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Diputados dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se define en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora pasará al Senado.
Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 legisladores que se abstuvieron.
Ahora todas las miradas están sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
A lo largo de la reunión del pleno del cuerpo, expusieron más de 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
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NACIONALES
El aborto legal baja al recinto para un debate de 30 horas, en Diputados
Un plenario de comisiones dio despacho a la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo con modificaciones. La sesión comienza este jueves.
La Cámara de Diputados e la Nación, en un plenario de comisiones, dio dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y será debatido desde este jueves y hasta el viernes en una sesión especial del cuerpo, por unas 30 horas.
Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.
La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo fue tratada en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizó por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
Al abrir la reunión, Moreau, destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
También remite al Código Civil los casos de las jóvenes de 14 y 15 años, ya que los embarazos gestados hasta los 13 se consideran violación y los mayores de 16 están encuadrados en las normas vigentes con su respectiva figura legal.
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
El denominado sector “verde” contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.
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