Agustina Faraone Sigel y Joselino Borjas no solo vestían el mismo uniforme de la Gendarmería en Corrientes , sino que convivían.
ITATÍ. CORRIENTES. Se habían conocido vestidos de verde. Él, subalférez y de un escalafón menor; ella, numeraria. Ambos fueron detenidos tiempo atrás y terminaron procesados como presuntos cómplices de la banda narco que, desde Itatí, dominaba el ingreso y la distribución de marihuana en siete provincias de la Argentina.
Agustina, que hoy está con prisión domiciliaria porque tiene un bebé, es hija del exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, detenido a mediados de octubre pasado. Su madre, Ariana Sigel, es la actual vicepresidenta del Concejo Deliberante de aquella localidad de 15.000 habitantes situada en el noroeste correntino.
La gendarme quedó comprometida en la causa que instruye el juez federal porteño Sergio Torres por su nexo con la banda liderada por Sebastián “Morenita” Marín, que fue detenido el 12 de octubre pasado por la llamada ” megacausa Itatí”, en la que también están imputados el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y dos de sus secretarios.
Desde fines de 2014 el fiscal federal Carlos Schaefer y el titular de la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias, reunieron decenas de expedientes relativos a esta banda que actuaba con complicidades políticas, judiciales y de las propias fuerzas de seguridad, en este caso, la Gendarmería.
Agustina Faraone Sigel aparece mencionada en varias escuchas que estaban dentro de un lote de 4000 CD que -según fuentes de la investigación- nunca se investigaron en profundidad hasta que fueron remitidos desde el juzgado federal de Corrientes a Comodoro Py.
Faraone Sigel fue detenida en el Escuadrón de Seguridad Vial de la Gendarmería en el Barrio Uno, de Ezeiza. Fue acusada de haber jugado un rol clave para ocultar a Morenita tras un enfrentamiento que sus propios colegas de la fuerza habían mantenido con Marín en la capital correntina, en octubre de 2016. Faraone Sigel fue quien -según señalaron fuentes de la investigación- ayudó a escapar al narco y a esconderlo en Empedrado, por directivas de su propio padre.
El 8 de octubre de 2016 un grupo de 20 gendarmes fue a un departamento del sur de la capital correntina en el que creían que se ocultaba Marín, que tenía pedido de captura nacional e internacional a través de Interpol. Cuando llegaron a ese lugar, los efectivos cercaron la zona a la espera de la orden de allanamiento del juzgado federal, según publicó oportunamente el diario El Litoral, de Corrientes.
Inesperadamente, Morenita -que estaba prófugo- salió de la propiedad, subió a un Volkswagen Gol y trató de huir hacia el sur. Los gendarmes lo siguieron y se enfrentaron con él a tiros. A pesar de estar herido de un disparo, y tras chocar a los efectivos, Marín consiguió escapar a pie. Según las escuchas telefónicas de la causa, el auto en el que se movía había sido adquirido por Juan Manuel Faraone a un empresario de la comunidad gitana.
Faraone es quien le recomendó a Marín que se escondiera en Empedrado, ciudad de la que fue intendente entre 1991 y 1997, donde quien ayudó al narco prófugo fue la gendarme hija del dirigente del Partido Nuevo.
Conexión política
Agustina estaba en ese momento en pareja con Joselino Borjas, subalférez de la Gendarmería, un joven que prestaba servicios en Itatí, donde Morenita tenía su base de operaciones para distribuir la marihuana que provenía de Paraguay, del otro lado de la costa del río Paraná.
Borjas tenía una relación muy cercana con Fabio Aquino, viceintendente de Itatí que fue detenido en marzo de 2017 con el jefe comunal Natividad “Roger” Terán, en el inicio del escándalo de la narcopolítica.
El 13 de febrero de 2017, a las 19.37, Aquino se comunicó con el gendarme para avisarle que lo iba a llamar un hombre del riñón de Morenita Marín que era el encargado de transportar marihuana. El viceintendente contactó al camionero Walter Villalba con el subalférez para que coordinaran el traslado.
Aquino registra otro diálogo con Borjas en el que hablan de la entrega de “70.000 pesos y el resto en un cheque” y en el que se agregó: “Si necesita, podrían hacer una factura de superior monto al real”.
Borjas custodiaba a uno de los jueces federales que investigaba a esta banda. Yaca, como le dicen en la fuerza, vendía cierta influencia en los tribunales. Luego, el gendarme fue trasladado a la provincia de Buenos Aires, destinado al Destacamento Móvil 6 de la Gendarmería, en el Centro Recreativo Nacional, un predio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Ezeiza.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad nacional, Faraone Sigel y Borjas no fueron detenidos en su momento porque fueron usados como “carnada”.
Faraone y Borjas no son los únicos gendarmes detenidos en esta causa que sigue adelante el juez Torres, con los fiscales federales Schaefer, Flavio Ferrini y Carlos Stornelli, y con Iglesias, de la Procunar.
En marzo de 2017, el instructor de la Gendarmería Gabriel Fernando Alcaraz, de 37 años, fue apresado en la Escuela de Suboficiales de Jesús María, Córdoba, donde se desempeñaba como instructor en segundo año. Fue acusado de pasar información sobre los controles que se realizaban en la ruta 12 para evitar que los narcos fueran atrapados.
La Nación
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LA REGIÓN
Herrera Ahuad participará hoy de una reunión de la Liga del Norte en Chaco
La cita se da en línea con lo acordado a principios de mes por diez mandatarios de la Región. Bloque de peronistas, radicales y de fuerzas provinciales busca defender intereses y combatir asimetrías. Será a las 17. No estará Alberto Fernández
La reunión arrancará este viernes a las 17, pero sin la participación del Presidente Alberto Fernández, tal como en principio se había informado.
A principios de mes Capitanich había anticipado la estrategia de los gobernadores del NOA y NEA de reactivar y relanzar la Región del Norte Grande, con la mirada puesta en blindar y potenciar los reclamos y la defensa de los intereses de diez provincias con negociaciones y actuación política en bloque, para combatir las asimetrías estructurales que arrastra el conjunto de esos distritos.
En Chaco esperan a priori a los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja); a los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y al misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), al santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) y al salteño Gustavo Sáenz.
La agenda de planteos regionales es amplia y mixtura urgencias en materia de infraestructura con reparto de recursos, políticas diferenciales o búsqueda de inversiones, según informó Diario Federal.
Capitanich, por su parte, planteó otro más. “Junto al Presidente y los gobernadores del Norte Grande queremos implementar un mecanismo para coordinar y regular el transporte multimodal, lo que va optimizar el sistema de transporte fluvial y marítimo con el sistema ferroviario de transporte de cargas a través de camiones”, dijo.
En la cita virtual de comienzos de noviembre los mandatarios conformaron el Consejo de Gobierno del Norte Grande. El próximo paso ahora es poner en marcha la Asamblea de Gobernadores, para trabajar en la agenda en común. La intención es que se reúna al menos cada 3 meses, con un mandatario como presidente rotativo por 6 meses.
En rigor, la letra chica marca que el Consejo de Gobierno del Norte Grande debe poner en marcha el Consejo Regional del Norte Grande, conformado por esa Asamblea de Gobernadores, una Junta Ejecutiva (órgano con capacidad decisoria) y un Comité Coordinador (formado por un representante del NOA y otro del NEA).
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LA REGIÓN
Absolvieron a tres empresarios en una causa por fraude millonario en Yacyretá
El caso se inició en 1989 por un perjuicio de 191 millones de dólares. Los jueces hablaron de “una severa degradación de las pruebas”. La obra está a 70 kilómetros de Misiones.
Los tres acusados en la causa de corrupción más antigua del país fueron absueltos después de ser juzgados por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Llamado “el monumento a la corrupción”, el expediente se inició en 1989.
El Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado, absolvió a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega, para quienes la fiscalía y la querella habían pedido que recibieran una condena de hasta seis años de prisión.
Antes del veredicto y en un hecho inusual en tribunales, dos de los jueces leyeron un texto en el que hablaron sobre “una severa degradación de las pruebas” que llegaron a juicio por el paso del tiempo.
Además, hicieron referencia a que recibieron la causa 28 años después de su inicio con testigos muertos, otros que no recordaban los hechos y documentación carcomida y amarillenta perdida en cajas de viejos archivos.
Acusación
En su veredicto, el juez Costabel consideró prescripta la causa mientras que sus colegas López Iñíguez y Costabel rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas y absolvieron a los acusados.
Lo que se juzgó fue el cobro ilegal del 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa y el 25 por ciento de la importación de neumáticos. El fraude al Estado fue de 191.004.275,394 de dólares.
Yacyretá es la obra civil más grande del país. Se trata de la represa para la generación de energía eléctrica que une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. Se comenzó a gestar en 1973, en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.
La denuncia que dio inicio a la causa la presentó el 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova y recién llegó a un Tribunal Oral en 2017 con la acusación a los tres empresarios que intervinieron en la compra de los insumos: Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones.
Las absoluciones pueden ser apeladas por el fiscal Córdoba y la querella para que sean revisadas y revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal ya que en el juicio pidieron que los acusados fueran condenados.
Antecedente
Este es el segundo juicio que sea hace por Yacyretá. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso. Fue por el reintegro ilegal de 17 millones de dólares a la empresa italiana Ansaldo Energía Spa por la compra de cinco turbinas para la represa por 70 millones de dólares.
A pesar de que la causa ya lleva 31 años, se sigue investigando. Los ex funcionarios de la Secretaría de Industria que firmaron los contratos con los empresarios absueltos continúan con una causa abierta a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
(Fuente: Infobae)
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LA REGIÓN
Sacaron dos manguruyús de 100 y 60 kilos y los devolvieron al Paraná
Cuatro hombres lograron capturar un manguruyú de más de 100 kilos en el Paraná, en la localidad correntina de Paso la Patria y luego lo devolvieron al río. Los pescadores aseguraron que sacaron otro ejemplar de 60 kilos.
Un grupo de pescadores chaqueños capturaron un ejemplar gigante en peligro de extinción en la localidad correntina de Paso la Patria.
Se trata de un manguruyú gigante de más de 100 kilos y, según relataron los pescadores, la odisea fue “una locura”.
Los cuatro son oriundos de la localidad de Charata, Chaco, y dieron con el ejemplar en Punta Iglesias. Guiados por Diego Florez, quien los llevó a la zona y seleccionó la carnada correcta, devolvieron el pez nuevamente a su hábitat.
“Fue una locura. Ya habíamos sacado otro de 60 y este era mucho más grande. Le calculamos unos 100 kilos”, contó Florez al medio La Dos.
La imagen es sorprendente: los cuatro pescadores sosteniendo el manguruyú gigante de 100 kilos, una de las especies más grandes del Paraná, según informó La Dos.
Cabe recordar que el manguruyú es una especie protegida cuyo sacrificio está terminantemente prohibido. El incumplimiento de la medida tiene como consecuencia fuertes multas y quita de licencia de pesca.