BRASIL. El ex presidente brasileño nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la casa de su amigo que él usaba con frecuencia. Tampoco existen pruebas de que Lula haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el Gobierno.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la cartera de Justicia.
Según Hardt el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.
Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.
“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.
“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, señaló la jueza. El pasado noviembre, Hardt interrogó al ex mandatario por este caso, en la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.
La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del líder petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.
En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorias internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal. No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar.
Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.
Además de Lula, según publica Página 12, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.
Página 12.
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LA REGIÓN
Herrera Ahuad participará hoy de una reunión de la Liga del Norte en Chaco
La cita se da en línea con lo acordado a principios de mes por diez mandatarios de la Región. Bloque de peronistas, radicales y de fuerzas provinciales busca defender intereses y combatir asimetrías. Será a las 17. No estará Alberto Fernández
La reunión arrancará este viernes a las 17, pero sin la participación del Presidente Alberto Fernández, tal como en principio se había informado.
A principios de mes Capitanich había anticipado la estrategia de los gobernadores del NOA y NEA de reactivar y relanzar la Región del Norte Grande, con la mirada puesta en blindar y potenciar los reclamos y la defensa de los intereses de diez provincias con negociaciones y actuación política en bloque, para combatir las asimetrías estructurales que arrastra el conjunto de esos distritos.
En Chaco esperan a priori a los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja); a los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y al misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), al santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) y al salteño Gustavo Sáenz.
La agenda de planteos regionales es amplia y mixtura urgencias en materia de infraestructura con reparto de recursos, políticas diferenciales o búsqueda de inversiones, según informó Diario Federal.
Capitanich, por su parte, planteó otro más. “Junto al Presidente y los gobernadores del Norte Grande queremos implementar un mecanismo para coordinar y regular el transporte multimodal, lo que va optimizar el sistema de transporte fluvial y marítimo con el sistema ferroviario de transporte de cargas a través de camiones”, dijo.
En la cita virtual de comienzos de noviembre los mandatarios conformaron el Consejo de Gobierno del Norte Grande. El próximo paso ahora es poner en marcha la Asamblea de Gobernadores, para trabajar en la agenda en común. La intención es que se reúna al menos cada 3 meses, con un mandatario como presidente rotativo por 6 meses.
En rigor, la letra chica marca que el Consejo de Gobierno del Norte Grande debe poner en marcha el Consejo Regional del Norte Grande, conformado por esa Asamblea de Gobernadores, una Junta Ejecutiva (órgano con capacidad decisoria) y un Comité Coordinador (formado por un representante del NOA y otro del NEA).
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LA REGIÓN
Absolvieron a tres empresarios en una causa por fraude millonario en Yacyretá
El caso se inició en 1989 por un perjuicio de 191 millones de dólares. Los jueces hablaron de “una severa degradación de las pruebas”. La obra está a 70 kilómetros de Misiones.
Los tres acusados en la causa de corrupción más antigua del país fueron absueltos después de ser juzgados por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Llamado “el monumento a la corrupción”, el expediente se inició en 1989.
El Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado, absolvió a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega, para quienes la fiscalía y la querella habían pedido que recibieran una condena de hasta seis años de prisión.
Antes del veredicto y en un hecho inusual en tribunales, dos de los jueces leyeron un texto en el que hablaron sobre “una severa degradación de las pruebas” que llegaron a juicio por el paso del tiempo.
Además, hicieron referencia a que recibieron la causa 28 años después de su inicio con testigos muertos, otros que no recordaban los hechos y documentación carcomida y amarillenta perdida en cajas de viejos archivos.
Acusación
En su veredicto, el juez Costabel consideró prescripta la causa mientras que sus colegas López Iñíguez y Costabel rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas y absolvieron a los acusados.
Lo que se juzgó fue el cobro ilegal del 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa y el 25 por ciento de la importación de neumáticos. El fraude al Estado fue de 191.004.275,394 de dólares.
Yacyretá es la obra civil más grande del país. Se trata de la represa para la generación de energía eléctrica que une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. Se comenzó a gestar en 1973, en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.
La denuncia que dio inicio a la causa la presentó el 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova y recién llegó a un Tribunal Oral en 2017 con la acusación a los tres empresarios que intervinieron en la compra de los insumos: Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones.
Las absoluciones pueden ser apeladas por el fiscal Córdoba y la querella para que sean revisadas y revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal ya que en el juicio pidieron que los acusados fueran condenados.
Antecedente
Este es el segundo juicio que sea hace por Yacyretá. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso. Fue por el reintegro ilegal de 17 millones de dólares a la empresa italiana Ansaldo Energía Spa por la compra de cinco turbinas para la represa por 70 millones de dólares.
A pesar de que la causa ya lleva 31 años, se sigue investigando. Los ex funcionarios de la Secretaría de Industria que firmaron los contratos con los empresarios absueltos continúan con una causa abierta a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
(Fuente: Infobae)
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LA REGIÓN
Sacaron dos manguruyús de 100 y 60 kilos y los devolvieron al Paraná
Cuatro hombres lograron capturar un manguruyú de más de 100 kilos en el Paraná, en la localidad correntina de Paso la Patria y luego lo devolvieron al río. Los pescadores aseguraron que sacaron otro ejemplar de 60 kilos.
Un grupo de pescadores chaqueños capturaron un ejemplar gigante en peligro de extinción en la localidad correntina de Paso la Patria.
Se trata de un manguruyú gigante de más de 100 kilos y, según relataron los pescadores, la odisea fue “una locura”.
Los cuatro son oriundos de la localidad de Charata, Chaco, y dieron con el ejemplar en Punta Iglesias. Guiados por Diego Florez, quien los llevó a la zona y seleccionó la carnada correcta, devolvieron el pez nuevamente a su hábitat.
“Fue una locura. Ya habíamos sacado otro de 60 y este era mucho más grande. Le calculamos unos 100 kilos”, contó Florez al medio La Dos.
La imagen es sorprendente: los cuatro pescadores sosteniendo el manguruyú gigante de 100 kilos, una de las especies más grandes del Paraná, según informó La Dos.
Cabe recordar que el manguruyú es una especie protegida cuyo sacrificio está terminantemente prohibido. El incumplimiento de la medida tiene como consecuencia fuertes multas y quita de licencia de pesca.