“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”. Con esa frase, y ahogada en angustia, una adolescente de 17 años le pidió a una jueza de familia de Paso de los Libres, Corrientes, que hiciera algo con ese embarazo.
CORRIENTES. La chica llegó con su tía sin cita previa y allí, en el despacho de la jueza, recostada sobre los codos, en el escritorio, vomitó su tragedia: su padrastro la viola desde que tiene 13 años.
La golpea si se niega a estar con él y la amenaza para que no cuente. La jueza escuchó el relato. La madre nunca intervino, ni siquiera hace casi tres años, cuando quedó embarazada y tuvo a su primera hija.
Esta vez, cuando se dio cuenta que otra vez estaba embarazada, se fugó a la casa de su tía, que vive en Yaguarí, a 80 kilómetros de Paso de los Libres, para pedir ayuda. Ahora, las dos mujeres le pedían una solución a la jueza.
Así comenzó esta historia que derivó en la decisión de la jueza de familia Marta Legarreta, de iniciar el proceso de adopción de esa beba, antes de que nazca. El fallo se firmó el 12 de julio y la beba nació el sábado 13.
Es decir, que sentó jurisprudencia como el primer caso de adopción prenatal, tal como destaca el portal judiciales ElDial.com, figura que no está legislada en el país.
Adopción prenatal
Los proyectos de adopción prenatal, que se impulsaron el año pasado por los sectores contrarios al aborto, en medio del debate por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, generaron fuerte polémica.
Según se advertía, podían significar la apertura al mercado negro de las adopciones, ya que justamente son muy pocos los bebes que hay en el sistema de adopciones y mayoría las parejas que quieren adoptar menores de un año.
En realidad, la adolescente llegó al juzgado para pedir una autorización legal para interrumpir el embarazo. No quería tenerlo.
La jueza escuchó su relato y ordenó que, de forma inmediata, la chica quedara en custodia de su tía, mientras se dio intervención a la justicia penal para denunciar el abuso contra el padrastro, al que se le prohibió tomar contacto con la adolescente.
Además, Legarreta le explicó que no necesitaba un permiso legal, que existía unprotocolo a nivel nacional que la autorizaba a interrumpir ese embarazo. (La chica todavía no había ido a un hospital).
Pero, como en la provincia algunos hospitales se escudan en un decreto provincial que dejaría sin efecto el protocolo de interrupción legal del embarazo, le extendió un certificado en el hacía constar que la adolescente contaba con ese derecho, que regía a nivel nacional, para interrumpir ese embarazo.
Se lo dio para que lo presentara en el hospital San José, de esa localidad, para que no hubiera demoras ni dilaciones. También le explicó que podía arrepentirse hasta último momento. Que era su decisión.
La chica fue al hospital, donde la evaluaron y le dijeron que estaba de 23 o 24 semanas de gestación. Según consta en el expediente, los médicos le explicaron los riesgos de realizar un legrado a esa altura del embarazo, y la adolescente desistió del aborto y volvió al juzgado con la idea de dar en adopción al bebé.
Presiones
Consultada sobre si en el hospital si se la había presionado para redirigir su decisión, la jueza asegura que los informes psicológicos del forense indican que fue la adolescente la que eligió al conocer los riesgos. Y también que se constató que la chica evidenciaba entendimiento de sus decisiones.
La tía, que la acompañó en todo el proceso no denunció que hubieran querido manipularla, ni tampoco hacerle perder tiempo para condicionar su decisión.
“En este momento yo quiero dar en adopción a mi bebé, a la familia que se va a hacer cargo de él”, le dijo, según consta en el fallo.
La jueza, en presencia de la asesora de menores y de la tía le preguntó si estaba segura. La chica lo ratificó. Lo mismo que después, en una entrevista con el psicólogo. “Sí, estoy segura. Y no quiero ver al bebe al momento del nacimiento. Quiero que esté la familia que la va a adoptar para evitar que el bebe quede conmigo”, dijo.
La chica estaba conmocionada pero segura, apunta la jueza. Le preguntaron si cuando naciera lo quería amamantar y la chica dijo que no. Después, habló con la tía y le dijo que ella le dijera todo a la jueza. “Quiere que la atiendan bien, y que no le pregunten el por qué de la adopción, ni las enfermeras, ni los médicos del hospital.
Que la internen en una pieza privada, donde pueda estar sola así nadie le pregunta nada. Y que nadie sepa quién es ella, ni de su decisión”, apuntó la tía, tal como figura en el expediente.
Una y otra vez la adolescente pidió, rogó que no la obliguen a tener otro hijo a la fuerza. Que ya había tenido una hija así y que con dos no iba a poder.
“Nos encontramos en presencia de una joven vulnerable, en conflicto con su maternidad no deseada, que exterioriza nada más ni nada menos que la decisión de dar a un hijo en adopción, inmediatamente al nacimiento.
Situación que requiere un tratamiento especial por parte de la juricatura, a modo de proceso judicial preliminar y urgente”, dice la jueza en el fallo.
Legislación
La legislación vigente no contempla la adopción prenatal. Una vez que un chico nace, existe un plazo de 45 días, que coinciden con el puerperio, en los que la madre puede arrepentirse de su decisión de darlo en adopción.
Además, la búsqueda de padres se realiza entre los inscriptos en el Registro Único de Aspirantes (RUA) a guarda con fines adoptivos, después del nacimiento.
En cambio, en este caso, la jueza Legarreta decidió iniciar el proceso de adopción de forma prenatal. Se buscó a los aspirantes que vivieran más cerca y que calificaran para ser padres y se eligió a una pareja de esa ciudad, que no tenía otros hijos. La adolescente los conoció en el juzgado, mientras estaba embarazada.
Les pidió que cuidaran mucho al bebe y les prometió que “no los iba a molestar nunca, quédense tranquilos”, les dijo.. La jueza les explicó la situación a todos: había evaluado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la espera de los 45 días para otorgarles la guarda preadoptiva. Sin embargo, había resuelto no hacerlo.
Una vez que naciera, la pareja recibiría la guarda provisoria y a los 45 días, la preadoptiva, para que unos seis a nueve meses después, si todo iba bien, se les otorgara la adopción plena.
“Después de esos 45 días no vas a poder arrepentirte”, le dejó en claro. La adolescente estuvo de acuerdo. Así, su hija se convirtió en la primera beba en recibir el estado de adoptabilidad, antes de nacer.
“Se trata de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre, contra su voluntad, sumido al peligro de un posible abandono o entrega ilícita a terceros”, apunta la jueza.
La beba nació el sábado 13 de julio, un día después de que se firmara el fallo que decretaba su estado de adoptabilidad. Desde ese día, la beba está con la pareja que designó el juzgado. Tiene 18 días y cuando cumpla los 45 días se iniciará la adopción.
Nació por parto natural. La adolescente estuvo sola en una habitación, y se respetó su voluntad de que nadie le preguntara nada. Cuando salieron del hospital, ella y su tía se fueron caminando a la parada para tomar el colectivo y volver a Yaguarí. El padre adoptivo las vio irse y se ofreció a llevarlas esos 80 km hasta su casa.
Fuente: Nación
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LA REGIÓN
Herrera Ahuad participará hoy de una reunión de la Liga del Norte en Chaco
La cita se da en línea con lo acordado a principios de mes por diez mandatarios de la Región. Bloque de peronistas, radicales y de fuerzas provinciales busca defender intereses y combatir asimetrías. Será a las 17. No estará Alberto Fernández
La reunión arrancará este viernes a las 17, pero sin la participación del Presidente Alberto Fernández, tal como en principio se había informado.
A principios de mes Capitanich había anticipado la estrategia de los gobernadores del NOA y NEA de reactivar y relanzar la Región del Norte Grande, con la mirada puesta en blindar y potenciar los reclamos y la defensa de los intereses de diez provincias con negociaciones y actuación política en bloque, para combatir las asimetrías estructurales que arrastra el conjunto de esos distritos.
En Chaco esperan a priori a los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja); a los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y al misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), al santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) y al salteño Gustavo Sáenz.
La agenda de planteos regionales es amplia y mixtura urgencias en materia de infraestructura con reparto de recursos, políticas diferenciales o búsqueda de inversiones, según informó Diario Federal.
Capitanich, por su parte, planteó otro más. “Junto al Presidente y los gobernadores del Norte Grande queremos implementar un mecanismo para coordinar y regular el transporte multimodal, lo que va optimizar el sistema de transporte fluvial y marítimo con el sistema ferroviario de transporte de cargas a través de camiones”, dijo.
En la cita virtual de comienzos de noviembre los mandatarios conformaron el Consejo de Gobierno del Norte Grande. El próximo paso ahora es poner en marcha la Asamblea de Gobernadores, para trabajar en la agenda en común. La intención es que se reúna al menos cada 3 meses, con un mandatario como presidente rotativo por 6 meses.
En rigor, la letra chica marca que el Consejo de Gobierno del Norte Grande debe poner en marcha el Consejo Regional del Norte Grande, conformado por esa Asamblea de Gobernadores, una Junta Ejecutiva (órgano con capacidad decisoria) y un Comité Coordinador (formado por un representante del NOA y otro del NEA).
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LA REGIÓN
Absolvieron a tres empresarios en una causa por fraude millonario en Yacyretá
El caso se inició en 1989 por un perjuicio de 191 millones de dólares. Los jueces hablaron de “una severa degradación de las pruebas”. La obra está a 70 kilómetros de Misiones.
Los tres acusados en la causa de corrupción más antigua del país fueron absueltos después de ser juzgados por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Llamado “el monumento a la corrupción”, el expediente se inició en 1989.
El Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado, absolvió a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega, para quienes la fiscalía y la querella habían pedido que recibieran una condena de hasta seis años de prisión.
Antes del veredicto y en un hecho inusual en tribunales, dos de los jueces leyeron un texto en el que hablaron sobre “una severa degradación de las pruebas” que llegaron a juicio por el paso del tiempo.
Además, hicieron referencia a que recibieron la causa 28 años después de su inicio con testigos muertos, otros que no recordaban los hechos y documentación carcomida y amarillenta perdida en cajas de viejos archivos.
Acusación
En su veredicto, el juez Costabel consideró prescripta la causa mientras que sus colegas López Iñíguez y Costabel rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas y absolvieron a los acusados.
Lo que se juzgó fue el cobro ilegal del 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa y el 25 por ciento de la importación de neumáticos. El fraude al Estado fue de 191.004.275,394 de dólares.
Yacyretá es la obra civil más grande del país. Se trata de la represa para la generación de energía eléctrica que une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. Se comenzó a gestar en 1973, en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.
La denuncia que dio inicio a la causa la presentó el 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova y recién llegó a un Tribunal Oral en 2017 con la acusación a los tres empresarios que intervinieron en la compra de los insumos: Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones.
Las absoluciones pueden ser apeladas por el fiscal Córdoba y la querella para que sean revisadas y revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal ya que en el juicio pidieron que los acusados fueran condenados.
Antecedente
Este es el segundo juicio que sea hace por Yacyretá. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso. Fue por el reintegro ilegal de 17 millones de dólares a la empresa italiana Ansaldo Energía Spa por la compra de cinco turbinas para la represa por 70 millones de dólares.
A pesar de que la causa ya lleva 31 años, se sigue investigando. Los ex funcionarios de la Secretaría de Industria que firmaron los contratos con los empresarios absueltos continúan con una causa abierta a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
(Fuente: Infobae)
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LA REGIÓN
Sacaron dos manguruyús de 100 y 60 kilos y los devolvieron al Paraná
Cuatro hombres lograron capturar un manguruyú de más de 100 kilos en el Paraná, en la localidad correntina de Paso la Patria y luego lo devolvieron al río. Los pescadores aseguraron que sacaron otro ejemplar de 60 kilos.
Un grupo de pescadores chaqueños capturaron un ejemplar gigante en peligro de extinción en la localidad correntina de Paso la Patria.
Se trata de un manguruyú gigante de más de 100 kilos y, según relataron los pescadores, la odisea fue “una locura”.
Los cuatro son oriundos de la localidad de Charata, Chaco, y dieron con el ejemplar en Punta Iglesias. Guiados por Diego Florez, quien los llevó a la zona y seleccionó la carnada correcta, devolvieron el pez nuevamente a su hábitat.
“Fue una locura. Ya habíamos sacado otro de 60 y este era mucho más grande. Le calculamos unos 100 kilos”, contó Florez al medio La Dos.
La imagen es sorprendente: los cuatro pescadores sosteniendo el manguruyú gigante de 100 kilos, una de las especies más grandes del Paraná, según informó La Dos.
Cabe recordar que el manguruyú es una especie protegida cuyo sacrificio está terminantemente prohibido. El incumplimiento de la medida tiene como consecuencia fuertes multas y quita de licencia de pesca.