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En la imagen se ve a seis de los diez imputados junto a un joven que hasta el momento no fue identificado

VILLA GESELL. Mientras avanza la investigación para terminar de esclarecer el crimen de Fernando y el grado de responsabilidad que tuvieron cada uno de los imputados, este lunes se filtró una foto de los rugbiers que fue tomada minutos después de haber cometido el homicidio.

Se trata de una selfie sacada por Blas Cinalli, en la que se ve a cinco de los diez acusados: Máximo Thomsen, Luciano y Lucas Pertossi, Juan Pedro Guarino, y Ayrton Viollaz.

Junto a ellos aparece un joven vestido con un buzo azul con el pulgar levantado, que sería quien hasta el momento no fue identificado con nombre y apellido pero que en los chats del grupo fue mencionado como “Pipo”.

Según informó la querella la foto en cuestión fue sacada a las 5.11 de la mañana en la casa que alquilaron en la localidad costera. Pese a que la imagen fue tomada a menos de media hora del homicidio de Fernando, a los rugbiers se lo ve relajados, sonrientes como cualquier grupo de amigos.

A partir de los peritajes realizados a los celulares, los investigadores resolvieron que en el chat del que formaban parte los 10 rugbiers, llamado “LosDelboca3”, a las 04.55 de la madrugada Lucas Pertossi escribió: “Estoy cerca de donde está el pibe (Fernando) y están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”.

Diez minutos más tarde fue tomada la selfie en la que aparece parte del grupo y el nuevo sospechoso. La fiscalía sostuvo que intercambiaron las prendas de vestir y acudieron al local de comidas rápida para tener una coartada.

En efecto, a las 05.48, Thomsen mandó al chat una foto desde Mc Donald´s. A las 05.59, Blas Cinalli escribe: “Vengan a la casa. Ya volvimos con Pipo”. Ese sería el mensaje clave para asociar el apodo al sospechoso número 11 que aparece en la foto que se los ve despreocupados.

En diálogo con Burlando manifestó que este “lunes o martes vamos a apuntar al ‘número 11’, a pesar de que la fiscalía lo ha negado”.

En efecto, los investigadores sostienen que “pueden haber imágenes de los imputados con otras personas pero no hay por el momento otras personas en la escena del crimen”.

“A ‘Pipo’ se lo menciona en el grupo y estamos averiguando. Podría ser un apodo de uno de ellos incluso, también pueden aparecer otras personas con los imputados pero en la escena por ahora están los que tenemos”, expresaron días atrás fuentes ligadas al caso.

Sin embargo, para Burlando “ya estaría identificado el masculino. Vamos a aportar claramente la imagen que surge de lo que tiene la fiscal”.

Desde hace días la defensa de la familia Báez Sosa insiste en la participación de un onceavo rugbier en la sanguinaria golpiza que acabó con la vida de Fernando.

Identificado como “Pipo” en los chats que se enviaron los imputados en la madrugada del crimen, hasta el momento se trataba de solo un apodo, pero a partir de la foto que se filtró ayer, la misma serviría para ponerle por primera vez un rostro al “sospechoso número 11”.

Según la querella encabezada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, a partir de los registros de las cámaras de seguridad se encontró a un nuevo implicado junto a los rugbiers que ya habían sido identificados.

 

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JUDICIALES

Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia

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“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.

El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.

“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.

Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.

El juicio

A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.

Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.

Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.

Los hechos

“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.

El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.

Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.

La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.

Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.

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JUDICIALES

Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas

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Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.

Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.

El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.

Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.

Agradecimiento a su familia y a sus padres

Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.

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JUDICIALES

Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla

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La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.

La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.

La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.

 

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