Juicio abreviado impondría penas leves a los acusados por la megaestafa a la Justicia

La causa se remonta a 2003. Involucra a una ex jueza, a dos secretarias y al hermano de una de ellas. Además, a dos abogados. Están acusados por extraer fondos de depósitos judiciales que estaban inactivos. Usaban oficios truchos con firmas verdaderas.

POSADAS. Tras 17 años de idas y venidas, la llamada “megaestafa judicial” se definiría en un juicio abreviado con la imposición de penas leves a los acusados, según se supo el pasado fin de semana de fuentes cercanas a la causa radicada en Posadas.

El caso comenzó a ventilarse en 2003 y tiene como principales acusados a la ex jueza Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo (foto de archivo); a la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; al hermano de ésta, Cayetano “Nani” Castelli; y a los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández.

Los citados junto a una secretaria judicial de apellido Saidman, extraían dinero de depósitos judiciales que se encontraban inmovilizados por el paso del tiempo.

Si bien fue imposible dimensionar a cuánto ascendió el perjuicio, ya que las maniobras se concretaban con oficios falsos, pero con las firmas de la magistrada y secretarios que el trámite requería, desde siempre se habló de cifras millonarias.

La causa quedó entrampada entre apelaciones, rechazos y recursos hasta completar más de 30 cuerpos y cerca de ocho mil fojas que apuntaron desde el principio a una acusación básica de “asociación ilícita”, con otros cargos complementarios.

La defensa de los involucrados presentó un pedido de juicio abreviado ante el tribunal integrado por los jueces subrogantes, quienes se expedirían sobre el particular en los próximos días y podrían dar un cierre al expediente.

Entre las variadas conjeturas que se conocieron, figuró la posibilidad de que el tribunal defina la cuestión el próximo miércoles y con penas que llegarían a los cinco años de prisión efectiva para cinco de ellos y a los tres años para la ex secretaría de la jueza.

Si prospera dicha propuesta, quedarían en condiciones de ir tras las rejas Salvado de Sotelo, Nora Castelli, “Nani” Castelli, Abdón Fernández y Paula Espinoza, cuyos defensores habrían aceptado el cargo de “organizadores” de la asociación creada para delinquir. En ese grupo estaría exceptuada la secretaria Saidman.

Pero el grupo vería aliviada su situación ya que en determinado momento del proceso los integrantes cumplieron al menos tres años y tres meses en prisión, con lo cual estaría obligados a nada más que a unos dos meses de encierro, mientras que Salvado de Sotelo se acogería al beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, según se supo.

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