Intentan ejemplificar con el caso de Florencia Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género.

BUENOS AIRES. Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores de edad cuando fue asesinada por su ex marido, un policía de la Bonaerense en 2010. Ahora su caso llegó a la ONU, donde un equipo de abogados especialistas en derechos humanos intenta sentar las bases de lo que no puede volver a repetirse en casos como el suyo.

La red Atravesados por el Femicidio, junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, hicieron la primera presentación en Naciones Unidas por un caso de femicidio en Argentina, a través de un pedido de reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU.

“La petición -técnicamente denominada comunicación- está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal del caso por parte del Estado argentino, consecuencia del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género”, informó un comunicado de Justicia y Reparación. “Esta es la primera vez que esa organización internacional interviene en un caso de femicidio presentado contra el Estado Argentino“, agregó.

El caso llevado ante la ONU es el de Florencia Albornoz, asesinada en 2010, quien “desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su ex pareja, policía bonaerense, que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte”.

“Al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento, también llamada perimetral y, sin embargo, el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a un amigo de ella utilizando su arma reglamentaria”, agregó el comunicado de Justicia y Reparación.

Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de “Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad. De hecho, a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio”, abunda la presentación.

La condena al femicida Miguel Ángel Mazo fue de 18 años, porque todavía no estaba vigente el agravante de femicidio, pero en segunda instancia fue reducida a 12 años y medio. En abril el juzgado de Ejecución 2 de Quilmes, le negó ayer la libertad condicional.

“Hay que mejorar los protocolos de aplicación, el caso de Florencia ocurrió varios años después de que Argentina firmara los pactos que promueven la protección de las mujeres, esos tratados no se cumplen y queda evidenciado en lo que le pasó a esta joven y a muchas que vinieron después”, explica a Crónica el abogado Christian Berndt Castiglione, que representa en el planteo de Atravesados por el Femicidio, que logró por primera vez que un hecho de estas características llegue a un organismo internacional.

Pedido de familiares de víctimas

El pedido de las más de 60 familias argentinas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que depende de Naciones Unidas, pretende ejemplificar con el caso Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género. Para ellos, víctimas también de lo que ocurrió con sus hijas, madres, abuelas o hermanas, fallan los organismos que tendrían que estar alertas.

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