Intentan ejemplificar con el caso de Florencia Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género.
BUENOS AIRES. Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores de edad cuando fue asesinada por su ex marido, un policía de la Bonaerense en 2010. Ahora su caso llegó a la ONU, donde un equipo de abogados especialistas en derechos humanos intenta sentar las bases de lo que no puede volver a repetirse en casos como el suyo.
La red Atravesados por el Femicidio, junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, hicieron la primera presentación en Naciones Unidas por un caso de femicidio en Argentina, a través de un pedido de reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU.
“La petición -técnicamente denominada comunicación- está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal del caso por parte del Estado argentino, consecuencia del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género”, informó un comunicado de Justicia y Reparación. “Esta es la primera vez que esa organización internacional interviene en un caso de femicidio presentado contra el Estado Argentino“, agregó.
El caso llevado ante la ONU es el de Florencia Albornoz, asesinada en 2010, quien “desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su ex pareja, policía bonaerense, que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte”.
“Al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento, también llamada perimetral y, sin embargo, el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a un amigo de ella utilizando su arma reglamentaria”, agregó el comunicado de Justicia y Reparación.
Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de “Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad. De hecho, a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio”, abunda la presentación.
La condena al femicida Miguel Ángel Mazo fue de 18 años, porque todavía no estaba vigente el agravante de femicidio, pero en segunda instancia fue reducida a 12 años y medio. En abril el juzgado de Ejecución 2 de Quilmes, le negó ayer la libertad condicional.
“Hay que mejorar los protocolos de aplicación, el caso de Florencia ocurrió varios años después de que Argentina firmara los pactos que promueven la protección de las mujeres, esos tratados no se cumplen y queda evidenciado en lo que le pasó a esta joven y a muchas que vinieron después”, explica a Crónica el abogado Christian Berndt Castiglione, que representa en el planteo de Atravesados por el Femicidio, que logró por primera vez que un hecho de estas características llegue a un organismo internacional.
Pedido de familiares de víctimas
El pedido de las más de 60 familias argentinas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que depende de Naciones Unidas, pretende ejemplificar con el caso Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género. Para ellos, víctimas también de lo que ocurrió con sus hijas, madres, abuelas o hermanas, fallan los organismos que tendrían que estar alertas.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.