La medida se efectivizó a pesar de los contundentes resultados de un estudio psiquiátrico realizado al religioso, que revela su peligrosidad.
CÓRDOBA. Se trata de la denuncia presentada por “el chico del campanario”, un empleado de mantenimiento que en el 2012 expresó haber sido drogado y violado por un sacerdote. Los resultados de la pericia psicológica fueron desfavorables al religioso, pero el fiscal opinó que hay una “duda”.
El fiscal de esa jurisdicción, Pedro Matías Guerra, acaba de mandar a archivo el expediente contra C.G.A., el sacerdote que actualmente está asignado por el Obispado a la Parroquia San Pantaleón de Río Cuarto (Córdoba) y que, en el año 2012 se desempeñaba en la Parroquia San Roque de Corral de Bustos.
“Este Ministerio Público no pone en tela de juicio la versión suministrada por la supuesta víctima – sostuvo el fiscal Guerra- pero a los fines de analizar su eficacia o valor convictivo de los relatos debe tenerse presente la necesidad de que la prueba testimonial sea rigurosamente analizada en su coherencia interna y sobre todos que sea corroborada por otros medios de prueba”.
“Luego de examinar todos los elementos probatorios incorporados y valorados, el suscripto entiende que la investigación se encuentra completa y agotada, no resultando probable la incorporación de nuevas evidencias que modifiquen sustancialmente la presente resolución y que del mérito de la prueba colectada imposibilita alcanzar el grado de probabilidad necesario para avanzar hacia una imputación”, continúa el escrito.
Y agrega, en sentido contrario: “Sin embargo tampoco se logra arribar al grado de certeza necesario para concluir que el hecho no se cometió”.
Lo insólito de la medida es que el archivo fue decidido a pesar del contundente dictamen de una profesional que integra el Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial y que concluyó que el sacerdote sospechado “presenta claros y abundantes indicadores de perversión en el área de la sexualidad”.
El caso
Mauricio R. trabajaba en el 2012 con el cura denunciado en la parroquia San Roque de Corral de Bustos. El sacerdote lo empleó para el mantenimiento de la iglesia limpiando excrementos de paloma del campanario. Sin embargo, un día -según la denuncia- le suministró una pastilla para hacer “una cura de sueño”, y cuando se despertó, el religioso estaba desnudo a su lado y sintió evidencias de haber sido abusado.
Los abusos fueron denunciados también en el ámbito de la Iglesia, pero a pesar de sus intentos de obtener justicia, no se tomó medida alguna. Por su parte, el Servicio de Psicología Forense del Poder Judicial informó que el párroco “presenta claros y abundantes indicadores de perversión en el área de la sexualidad“. Sin embargo, el fiscal Pedro Matías Guerra, mandó a archivo la causa, alegando que existe una “duda insuperable”.
Ante la decisión del fiscal, la víctima de abuso eclesiástico indicó a TN: “Siento que se cometió una injusticia. Nunca esperé que el señor fiscal defendiera a tal punto al cura. Su decisión me mató en vida. Hace siete años que vivo un calvario, llevando esta cruz. Me sometí a la cámara Gesell y puedo mirar a cada una de las personas con las que hablé a la cara, porque fui siempre con la verdad, que tiene que prevalecer. Fueron siete años sintiendo en el cuerpo esa asquerosidad “, lamenta.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.