El condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores también pretende gozar de la domiciliaria con la excusa del coronavirus.

BUENOS AIRES. El sacerdote Julio César Grassi , condenado por abuso sexual agravado y corrupción de menores, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria al sostener que tiene una afección respiratoria y que tiene miedo de contagiarse el virus Covid-19 .

El padre Julio César Grassi​ (63), condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, también pretende gozar de la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus.

El pederasta, que sigue siendo cura, está preso hace 6 años en la cárcel de Campana. A la condena por abuso sexual sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación “Felices Los Niños”.  Además, según publica Clarín, se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.

La defensa de Grassi fundamentó el pedido en una supuesta afección respiratoria y el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, donde está preso el cura. Todavía no recibió una respuesta.

“Fuimos sorprendidos por una maniobra insólita. Grassi no integra ningún grupo de riesgo. Tiene condena firme confirmada por la Corte Suprema de la Nación. La afección respiratoria que dice sufrir no fue confirmada por ningún médico legista”, sostuvo el abogado que representa a las víctimas, Juan Pablo Gallego, quien adelantó que se va a oponer a la prisión domiciliaria.

El caso

El sacerdote fue condenado a 15 años de prisión por abusar de un menor, a quien cuidaba en la Fundación Felices los Niños. La sentencia llegó tras un proceso que duró 11 años, desde octubre de 2002, cuando el caso salió a la luz por una investigación televisiva.

Grassi estuvo en la cárcel del 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año, y finalmente fue apresado otra vez el 23 de setiembre de 2013, cuando fue trasladado al penal de Campana, donde permanece alojado.

En 2017, La Cámara de Apelaciones en lo Penal y Criminal de Morón le concedió a Grassi el beneficio de la llamada “ley del 2×1” y estableció su salida en libertad para agosto de 2026, en lugar de 2028, como estaba previsto cuando fue condenado.

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