La víctima era abusada desde los 10 años. Una vez que se conoció el caso, el religioso se excusó diciendo que era una “relación consentida”.
COLOMBIA. “Las circunstancias se dieron para que ella y yo tuviéramos una relación, y sucedió”, aseguró Nelson Williams Montes Lizarazo, exsacerdote de la diócesis de Bogotá – Colombia, quien fue denunciado por una adolescente de abusar sexualmente de ella entre diciembre de 1999 (cuando tenía 10 años) hasta 2003, cuando quedó embarazada.
“Siempre hubo una relación de amor con Paola (nombre ficticio), pero preferimos esperar a que cumpliera los 14 años para formalizarlo”, expresó el pedófilo.
Por su parte, la joven -hoy tiene 30 años- contó a Radio Caracol que “cuando yo tenía 10 años tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones”.
Luego, el sacerdote viajó para terminar su seminario y volvió tres años después. Allí “apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él era un enviado de Dios”, contó Paola.
Y agregó: “Días después me obligó a acompañarlo al Seminario Mayor de Bogotá. Estaba a punto de ordenarse. Dijo que yo era su sobrina. Me llevó a su habitación y volvió a violarme”.
La chica se embarazó en el 2003 y relató algo inusual: “Tuve a mi hijo a los 15 años y él registró al nene con su apellido. Pero siguió oficiando como cura como si nada hubiera pasado. Después de unos días, dejó de aparecer y nunca respondió a mis llamados. En el 2007, ya no lo ví más”.
La mujer lo denunció en la Policía y el Arzobispado e incluso la madre de Paola escribió una carta al cardenal en el 2008 contándole lo que sucedía, pero no obtuvo respuesta.
Dos años después, el padre Nelson William Montes Lizarazo fue transferido a Venezuela, como suele suceder para que no se hable más del caso. Allí, ejerció hasta el 2017 como sacerdote con “Licencia Pastoral en la Diócesis de San Carlos, Venezuela”.
Y el año pasado, Paola lo denunció ante la Justicia siendo rechazado el caso por la fiscal justificando que había prescripto y Paola decidió seguir con su vida. Sin embargo, fue intimidada para que no demandara a la Arquidiócesis de Bogotá y a cambio se procedió a expulsar al sacerdote pedófilo de la Iglesia Católica.
Esto no pasó desapercibido, el caso salió a la luz y los medios colombianos lo hicieron público. Ante estas repercusiones, el sacerdote pedófilo aseguró que tuvo una relación con la menor, con el consentimiento de sus padres y de sus hermanos, sabiendo que era algo ilegal tomando en cuenta que cuando comenzó todo la víctima tenía 10 años.
“Si se pone uno a ver estadísticas se va a dar cuenta de que hay muchas relaciones consentidas por la familia”, manifestó el cura y sostuvo que no tuvo relaciones con la menor hasta que cumplió 14 años: “Yo vi la oportunidad de manifestar mis sentimientos, que fueron aceptados por la familia de la chica”.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.