El fallo también establece que “deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo” por la pandemia.
El Tribunal de Casación bonaerense dispuso este miércoles ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” alojados en las cárceles de la Provincia.
Según pudo averiguar Clarín, la medida alcanzaría a casi 800 procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
La resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero -según expresa- fue consensuada con el resto de los jueces de casación de la Provincia.
Se trata de un hábeas corpus colectivo, presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, pero que luego acompañaron sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este diario, se reconoce “la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”.
Y sostiene que “a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.
El sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120%: cuenta con capacidad para alojar a 24 mil detenidos, pero en sus celdas se apiñan casi 52 mil personas.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios. El ingreso del coronavirus al otro lado de los muros sería una tragedia, coinciden los especialistas.
Por eso, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para el 90% de los reclusos.
Violini fue el juez que también ordenó al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos. Se redactó un protocolo y desde el fin de semana pasado, los detenidos tienen permiso para hablar desde líneas autorizadas.
El comienzo de ese régimen coincidió con un caso de amenazas desde una celda. Lo denunció Carolina Píparo, la mujer que embarazada de ocho meses fue atacada por motochorros. Carlos Moreno -el presunto autor del disparo que mató a su bebé en ese asalto- fue quien le escribió desde su cuenta de facebook posteos amenazantes.
Carolina Píparo denunció amenazas del asesino de su hijo luego de que la Justicia autorizara el uso de celulares en las cárceles
La nueva decisión de Violini recomienda, además, “que deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo”.
Según explicaron esta noche fuentes judiciales, la determinación es de cumplimiento inmediato. “Se enviará un listado con las personas que están en esa situación a las Cámaras Penales de cada jurisdicción. Luego ellos ordenarán a los respectivos jueces que dispongan la morigeración de la prisión”, aclararon.
De acuerdo con una nómina confeccionada por el el SPB y por el ministerio de Seguridad, en el Servicio Penitenciario hay casi 500 personas con enfermedades graves como tuberculosis, EPOC y otras pulmonares. Unos 150 tienen más de 65 años y hay 40 mujeres embarazadas o con niños dentro de los presidios.
No están alcanzados por el beneficio quienes hayan cometido delitos graves como violación, homicidio, robo agravado y violencia de género.
La evaluación que hacían esta noche en el SPB es que por lo menos 400 detenidos cumplen todos los requerimientos para ir “de inmediato” a una domiciliaria. Y el resto deberá ser evaluado por cada juez de Ejecución.
¿Hay dispositivos electrónicos o pulseras específicas para todos los que necesitan beneficiarios ?. La respuesta es no. “Cada juez debe resolver cómo debe cumplir esta decisión. Puede incluir un garante o un mecanismo para involucrar a un familiar que se haga cargo de que cumpla la cuarentena en su casa. Eso lo debe definir el juez. Pero en principio debe hacer ejecutar esta determinación”, fue la explicación.
Cuando termine la pandemia y la Argentina quede fuera de riesgo por coronavirus, este beneficio se revocará en forma automática.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.