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Otra vez hicieron una cesárea y no un aborto legal a una víctima de violación
TUCUMÁN. Luego de obstaculizar el aborto y dilatar la Interrupción Legal del Embarazo, le hicieron una cesárea a una nena de 11 años violada por la pareja de su abuela. El Gobierno tucumano habló de “salvar las dos vidas”.
La víctima de abuso sexual en la infancia tuvo dos intentos de suicidio y ataques de angustia. El Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) dilató los tiempos para que avanzara la gestación y evitar así realizarle el aborto legal que la misma menor reclamó.
La niña llevaba 25 semanas de embarazo y tanto ella como su mamá habían pedido que se le aplicara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada en el código penal y reafirmada por el fallo “FAL” de 2012. Sin embargo, fue sometida en la noche del martes a una cesárea en el Hospital Eva Perón.
Pese al atropello de los derechos de la niña, la menor se encuentra bien de salud, según informaron fuentes del Hospital del Este Eva Perón, donde permanece internada. El bebé que dio a luz pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología, con pocas posibilidades de sobrevida, de acuerdo con fuentes médicas.
Ante lo ocurrido, grupos feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el sistema de salud provincial dilató la decisión y que la césarea no es el procedimiento idóneo en estos casos. Además se supo que grupos provida se hicieron presentes anoche en el Hospital del Este y abogados presentaron un amparo según La Voz del Interior.
“El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña”, denunció hoy en Página/12, la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza. “No estamos frente a una objeción de conciencia común, lamentablemente acá hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos. Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica”, señaló Deza. “Acá hubo encarnizamiento y del peor con esa niña”, agregó.
Por otro lado, María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia, ordenó la detención del hombre de 65 años y le tomó declaración a la menor en Cámara Gesell hace más de dos semanas, donde ella confirmó el abuso.
Se trata del segundo caso del año de estas características. Durante enero en la provincia de Jujuy, una nena de 12 años que había sido violada fue sometida a una cesárea y no a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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