Miguel Ángel Yuszczeczyn fue atrapado y condenado por transportar 241 kilos de marihuana y 3.973 pastillas de éxtasis en una ambulancia desde Iguazú. Estuvo cinco días preso.
El jefe de los bomberos voluntarios desplazado hace unas semanas del cuartel del barrio Itaembé Miní de Posadas, Miguel Ángel Yuszczeczyn, podría terminar tras las rejas por una condena a 8 años de prisión que recibió en 2015, y que nunca cumplió.
A pesar del pedido expreso del fiscal federal Carlos Schaefer, que investigó la causa, para que él y otras tres personas paguen la pena con prisión efectiva luego de la sentencia, el bombero estuvo solamente cinco días preso luego de ser atrapado en la localidad correntina de Mercedes, en abril de 2013, traficando marihuana y éxtasis en una ambulancia de los bomberos voluntarios que salió de la ciudad de Puerto Iguazú.
Hoy, en 2020, el nombre de Miguel Ángel Yuszczeczyn vuelve aparecer en las noticias, esta vez por un conflicto en el cuartel de bomberos voluntarios del populoso barrio del sur de la capital misionera, donde denuncias cruzadas entre la comisión directiva y el hoy ex jefe desnudaron un desmanejo de tal magnitud que los deja al borde de la intervención.
Una investigación de La Voz de Misiones permitió descubrir lo que, hasta ahora, parece un error de la Justicia Federal que dejó en libertad a un condenado.
La narcoambulancia
Yuszczeczyn fue detenido en Mercedes, provincia de Corrientes, el 29 de abril de 2013 viajando desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia la localidad de Unquillo, en Córdoba, a donde supuestamente iría a realizar un curso de perfeccionamiento en su formación como bombero.
Pero ese viaje tenía un doble fondo. Según logró establecer el fiscal Schaefer durante el juicio realizado en junio de 2015, Yuszczeczyn formaba parte de una banda que se organizó para hacer el traslado de poco más de 241 kilos de marihuana y 20 bolsas con 3.973 pastillas de éxtasis escondidas en una vieja ambulancia.
Ramón Moretti era el chofer del rodado Ford F350 con características similares a las de los bomberos, con la leyenda “Unidad de Rescate” y balizas en el techo. Él fue jefe del cuerpo bomberil de Iguazú desde febrero de 2009 hasta que lo apartaron del cargo en marzo de 2012 por una intervención dispuesta por el Ejecutivo Municipal “por irregularidades”.
En el largo trayecto de 1.440 kilómetros a las sierras cordobesas, Moretti tenía como uno de sus acompañantes a Elvio Batista Melo, otro ex bombero voluntario de la Ciudad de las Cataratas, que fue dado de baja por la Asociación en septiembre de 2012.
En el relato de los hechos que se describe en la sentencia, se estableció que, en medio de los dos hombres, viajaba sobre un asiento improvisado en una conservadora, Mabel Adriana Lorena Bogado, esposa del chofer de la ambulancia, que fue absuelta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, pero que deberá ir a un nuevo juicio luego de la revocación de su absolución dictaminada por la Cámara de Casación.
El cuarto integrante de la comitiva que se trasladaba a Córdoba era Yuszczeczyn, quien viajó en la parte trasera del vehículo y alternaba la camilla con Bogado, cuando la mujer se cansaba de su rústico asiento.
En horas del mediodía del lunes 29 de abril de 2013, la ambulancia cargada con drogas se detuvo en el kilómetro 102 de la ruta nacional 123, frente al Santuario del Gauchito Gil. Allí Moretti, su esposa y Batista Melo ingresaron al templo del santo popular del que son devotos y, junto a la camioneta encendida, se quedó Yuszczeczyn.
Las luces de balizas sobre el techo también quedaron encendidas, como si estuvieran en un traslado de emergencia. Ese detalle llamó la atención de una patrulla del Grupo Vial Mercedes de Gendarmería Nacional, que pasaba por el lugar en una ronda de rutina.
Según la declaración de uno de los gendarmes durante el juicio, cuando se acercaron hasta la ambulancia, los recibió Yuszczeczyn, “que desmostró nerviosismo y se identificó como bombero de Puerto Iguazú”. En ese momento, le pidieron los papeles de la camioneta y les dijo que el chofer se los iba a mostrar, que en breve saldría del santuario.
Moretti, Bogado y Batista Melo salieron de lugar de adoración y se acercaron hasta el vehículo. El chofer se mostró colaborativo e inmediatamente abrió la puerta del rodado en busca de los documentos requeridos. “Cuando abrió la puerta se sintió muchísimo olor”, declaró el gendarme.
Entonces llamaron a un can detector de narcóticos que “marcó” la camioneta y procedieron a una revisión a fondo que terminó con el decomiso de la droga y la detención de los cuatro misioneros.
Sin cadenas
Moretti le dijo a la Justicia que él era el único responsable. Relató que, un día antes de emprender el viaje, le dio la camioneta a unos árabes que tienen negocios en Ciudad del Este y confesó además que cobró 1.000 dólares por llevarla cargada con electrónicos hasta Córdoba.
Según el bombero expulsado de la Federación, “estaba convencido que transportaba electrónica de contrabando y no drogas”.
Si bien todos fueron detenidos luego del operativo, Ramón Aníbal Moretti fue el único que llegó en esa condición al juicio celebrado en junio de 2015; Bogado, Batista Melo y Yuszczeczyn, no.
Luego de ser procesados, los tres salieron libres cuando se les otorgó las excarcelaciones tras pagar una fianza de 13.000 pesos. Además, hasta la llegada del juicio, tuvieron que dejar sus documentos en el juzgado y se les interpuso una prohibición para salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Juzgado Federal de Eldorado.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes apoyaron casi por completo el trabajo de fiscal Carlos Schaefer, quien estableció que los tres hombres y la mujer formaban parte de una organización previa para realizar el viaje y el tráfico de drogas. Finalmente, condenaron a los tres varones a 8 años de cárcel y absolvieron a la mujer.
Un año más tarde, en septiembre de 2016, la Cámara de Casación revocó la absolución de la mujer apoyando el pedido del fiscal y ordenó que se realice un nuevo juicio, para el cual aún se espera la conformación de un jurado.
En la misma diligencia, el tribunal superior ratificó las condenas a Moretti, Batista Mello y Yuszczeczyn.
Entonces, el mecanismo judicial federal correntino debió establecer lo que se denomina Cómputo de Pena, quedando automáticamente revocadas las excarcelaciones que mantuvieron en libertad hasta hoy Elbio Batista Mello y Miguel Ángel Yuszczeczyn.
En el Centro de Información Judicial, donde se hacen públicos los documentos sobre sentencias y procesos judiciales, no se conoce el instrumento por el cual Batista Mello y Yuszczeczyn se mantienen en libertad. O no están cargados en el sistema o hubo una omisión que terminaría en escándalo en el seno de la Justicia Federal correntina.
Las fuentes judiciales consultadas por LVM indicaron que hay un fuerte indicio de que se trate de un error en el sistema de justicia el que permitió que estos dos condenados nunca hayan pisado la cárcel luego de la sentencia.
Este medio se comunicó con el defensor de ambos, Jorge Barboza, quien prefirió mantener el silencio sobre la situación judicial de sus representados, con quienes -aseguró- no mantiene contacto alguno luego de la respuesta de Casación en septiembre de 2016.
De los cuatro misioneros detenidos con la droga, solamente Moretti pagó con prisión, desde que lo atraparon en 2013 hasta que obtuvo la libertad condicional en agosto de 2018, tras pasar 4 años y 5 meses en las sombras.
Cuartel en llamas
El hombre sentenciado hace cinco años por el Tribunal Oral Federal de Corrientes logró sortear los controles burocráticos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Posadas, de la Federación de Bomberos de Misiones y de la Subsecretaría de Protección Civil dependiente del Ministerio de Gobierno y llegó a ser nombrado jefe del cuartel de Itaembé Miní.
Una serie de denuncias que recayeron sobre el cuartel de Posadas -ubicado en la avenida 131 del citado barrio- encendió la alarma y terminó con la entidad al borde de la intervención.
Por estos días, la Subsecretaría de Protección Civil investiga si los inventarios, actas y facturas entregados por la comisión directiva tienen respaldo en la realidad.
Los principales señalamientos se centran en la presunta desaparición de cinco de los seis móviles que el cuerpo bomberil declaró tener, ya que en el predio hay sólo uno, destinado a sofocar incendios forestales.
De acuerdo a una fuente que forma parte del escuadrón, “a pesar de recibir un subsidio de alrededor de 1.700.000 pesos por año por ser un cuartel de primera clase, en los siete que lleva de vida, en el de Itaembé Miní no se ha levantado el muro perimetral. De hecho, en el lugar hay estacionado un colectivo que funciona como albergue de los efectivos y depósito de materiales”.
Además, los citados móviles “siempre se encuentran en reparación y nunca al servicio de la comunidad”, según deslizó la misma fuente que prefirió resguardar su identidad. Agregó que se han hecho compras irregulares e innecesarias.
Fue así que el jefe Miguel Ángel Yuszczeczyn terminó siendo desplazado a poco de cumplir cuatro años al frente del cuartel y quedó en el ojo de la tormenta como el principal responsable por los desmanejos señalados. Actualmente, al bombero se le sigue un sumario interno desde hace unos 20 días.
Ante este panorama, ahora se espera que los técnicos de Protección Civil establezcan mediante una exhaustiva investigación cuáles fueron las irregularidades, si es que existieron, y quiénes son los responsables.
Se supo además que, de encontrarse anomalías en la rendición de los fondos y los recursos, el cuartel corre el riesgo de perder su financiamiento para este año y de ser intervenido con la finalidad de regularizar su funcionamiento.
Gendarmería secuestra la droga escondida en la ambulancia.
Yuszczeczyn sentado entre Melo y Moretti, al momento de ser detenidos en 2013.
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Sería inminente la entrega de Antonella a su hermana de sangre
Un equipo de trabajadores sociales y psicólogos fue a inspeccionar las condiciones socioambientales de una hermana biológica cercana a la familia Dávalos.
El futuro de Antonella, la niña de 4 años que fue arrebatada de la familia que la crió desde los dos meses de vida en la ciudad de Eldorado, sería permanecer bajo la guarda de su hermana biológica, Luzmila Rodríguez, de 19 años.
La jueza subrogante en el trámite de adopción de Antonella, Lorena Toledo, trabaja sin descanso intentando resolver hoy mismo el destino de la pequeña.
Afuera, en la vereda del Juzgado de Familia N°1 sobre calle Dinamarca, cientos de vecinos, familiares y amigos se manifiestan en reclamo de la inmediata restitución de la menor a sus padres del corazón.
En este momento en equipo de trabajadores sociales y psicólogos realizan una inspección socioambiental, en compañía de la mamá adoptiva, que sigue de cerca cada paso en la causa intentando volver a ver en las próximas horas a su hija.
La familia Dávalos, quienes criaron a la pequeña, considera favorable la posibilidad de que Antonella quede provisoriamente bajo el cuidado de su hermana, con quien mantienen un contacto cercano y una relación afectiva.
Antecedente
La jueza titular del Juzgado de Familia N°1 de Eldorado, Corina Jones, determinó ayer retirarle la guarda a la familia Dávalos para que la menor continúe viviendo con una pareja de mujer policías, de Posadas.
Luego del escándalo suscitado en la puerta del juzgado cuando la policía intentó llevarse a la menor, el Superior Tribunal de Justicia convocó a Jones y por estas horas la causa de Antonella está en manos de su subrogante, Lorena Toledo.
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Eldorado: jueza arrebató a niña de su familia adoptiva y les puso un bozal legal
En la ciudad de Eldorado, una niña de 4 años que fue adoptada cuando tenía 2 meses de vida, por un vecino de la ciudad y su esposa, fue repentinamente arrancada del seno familiar por decisión de la jueza de familia Corina Jones y entregada a una pareja de mujeres policías de la ciudad de Posadas.
La Voz de Misiones habló en exclusiva con Andrea Dávalos, tía de Antonella, ya que tanto los padres de la menor como sus abogados se encuentra imposibilitados de hablar porque la magistrada les aplicó un bozal legal.
La madre biológica de la pequeña es una paciente psiquiátrica, tiene esquizofrenia y vive en la calle. En ese marco, la familia Dávalos la adoptó desde recién nacida y nunca dejó de tener contacto con la familia de sangre.
Mirá el video de cómo separaban a la niña de su familia
“No nos dieron ningún tipo de explicación, solamente les citaron a mi hermano y mi cuñada al juzgado para quitarles a la niña. Pedimos por favor que la devuelvan. Es injusto que luego de casi cuatro años de vivir con su familia quieran llevarle con desconocidos”, refirió la tía.
Asimismo, la tía agregó que: “Yo tengo un hijo de 4 años, con el cual Anto jugaba todo el día. Hoy se la llevaron desvanecida, la nena no paraba de llorar, le están causando un daño psicológico irreversible. Tengo entendido que se la entregaron a dos mujeres policías de Posadas que son pareja, pero no sabemos ni dónde la llevaron, estamos desesperados”.
En imágenes viralizadas en las redes, se ve a los padres y otros familiares de la pequeña llorando y suplicando que no se lleven a su hija. Los gritos son desgarradores: “Acá te espero, Anto”, clama la mamá de rodillas, “acá te espero mi amor, necesitamos justicia, Antonela vení”, grita afuera del juzgado, ubicado en la calle Dinamarca, de la Capital del Trabajo.
Desde esta mañana y hasta las 20 horas, la familia Dávalos estuvo frente al Juzgado de Familia, situado en el kilómetro 9, para solicitar explicación del porqué Antonella fue arrebatada de su familia.
En ese contexto, la tía explicó que el proceso legal era el normal y contaban con la guarda con fines de adopción: “Mi hermano y cuñada hicieron todos los trámites de adopción, el mismo juzgado que les dio el bebé con solo 2 meses de vida hoy se lo quitó sin explicación. Los llamaron temprano diciendo que a las 10 tenían que estar presentes. No mandaron una citación al domicilio por escrito con días de antelación, solamente llamaron y dijeron que en unas horas tenían que estar allá”.
Además, la hermana del padre explicó que, desde que la nena fue adoptada, crearon un vínculo con su familia biológica para que la niña no pierda sus orígenes: “Jamás los apartamos de su vida, al revés, en cada acontecimiento de la pequeña estuvieron juntas las dos familias, vivimos cerca una de la otra, la ven con frecuencia”.
La hermana de sangre de Anto y su tía, junto a su familia adoptiva, tratan de entender el fallo de la jueza y hoy se pasaron todo el día pidiendo justicia frente al juzgado. Al respecto, Andrea dijo: “Ellos están muy contentos por el vínculo que tuvimos, su hermana, tíos y tías comparten momentos con nosotros y es injusto que después de todos estos años nos hagan esta barbaridad”.
La jueza del silencio
La titular del Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones, obligó a guardar silencio a los padres de la pequeña Antonella, luego de que, por una decisión suya sin fundamentos conocidos, arrancara a la niña de 4 años de seno de la familia Dávalos, quienes cuidaron de ella desde los primeros meses de vida, mientras esperaban terminar los trámites para concretar la adopción.
La jueza es nueva en su cargo. Juró ante el Superior Tribunal el 8 de septiembre de este año. La orden de silencio impartida sobre los padres adoptantes avasallados e inmersos en el dolor también se extendió a la abogada que los representa, Sandra Olcece; a la familia biológica que acompaña el reclamo (una hermana y una tía) y a su abogado, Juan José Selva Andrade.
Las características de la decisión de la magistrada “parecieran una muestra de poder”, le dijo a LVM una fuente judicial consultada sobre este caso. “La inexperiencia de la jueza es la única manera de justificar el bozal legal impuesto a las partes que claman volver con la niña”, analizó.
La decisión de la jueza Corina Jones rompe el vínculo de la niña con la familia biológica, algo ilógico dentro del Derecho de Familia. Y es que los adoptantes lograron un contacto permanente con parte de los que tiene lazos de sangre con Antonella.
Para peor, el nuevo hogar donde la jueza cree que la niña debe vivir es a 200 kilómetros, en la ciudad de Posadas, lejos de Eldorado, donde nació y vivió toda su vida.
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Femicidio de Vilma Mercado: nuevo sospechoso daría un giro a la causa
La causa fue elevada a juicio y tiene como único sospechoso al soldado voluntario Carlos Luis Leandro Villar, pero su defensa ahora pide la inclusión de una prueba que habría sido pasada por alto en la instrucción y que ubicaría a un tercero en la escena del crimen.
La noche del miércoles 23 de octubre de 2019, Vilma Mercado salió de su casa del barrio Las Orquídeas, de Puerto Iguazú. Dos días después, fue encontrada asesinada al costado de la ruta 12, en una zona de malezas cercana a la rotonda de acceso a la Ciudad de las Cataratas.
Minutos después de abandonar su hogar, la joven de 19 años mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp que compartía con sus amigas, a quienes reveló que se iba a encontrar con un chico, aunque sin mencionar su nombre, y envió una foto esperándolo. Eso fue a las 00:05 del jueves 24, la misma hora a la que la muchacha ingresó a la aplicación por última vez.
En la madrugada del viernes, detuvieron como sospechosos del hecho a Carlos Luis Leandro Villar, un soldado voluntario del Ejército Argentino oriundo de El Alcázar y que prestaba servicios en la ciudad turística.
En el allanamiento a su casa, se incautó un teléfono celular de su propiedad, además de un chip perteneciente a la víctima y una cinta de embalar de características similares con las que Vilma Mercado fue atada y sometida para ser abusada por su victimario.
Las pruebas
Sin embargo, el abogado penalista Carlos Sebastián Benítez, quien asumió la defensa de Villar hace unas dos semanas, sostuvo en diálogo exclusivo con La Voz de Misiones que “los cortes de las puntas de la cinta incautada en la vivienda del imputado no coincidieron con los de la escena del crimen”.
En cuanto a las pruebas genéticas, “no hay ADN en todo el expediente”, dijo y agregó: “Es más, en el lugar del hecho se encontraron dos colillas de cigarrillos, y nunca extrajeron ADN”.
En el mismo sentido, el letrado aseguró que tampoco había huellas dactilares en el cuerpo de Vilma Mercado que pertenecieran al militar.
Respecto al chip que Villar tenía en su poder, el defensor argumentó que “se lo dio ella, porque no quería que el novio gendarme la encuentre…”, dijo en relación al vínculo que, presuntamente, había cortado la joven tiempo antes de su muerte con un efectivo de la fuerza federal oriundo de Paso de Los Libres, Corrientes.
Pero más allá de esos puntos concretos, Benítez aportó un dato más que, si bien no exculpa a su defendido, abre una ventana que podría dar un vuelco en la causa, que fue elevada a juicio en septiembre de este año.
Una ventana
Según consta en el acta policial redactada por los efectivos que estuvieron en la escena del hallazgo del cuerpo, estos detectaron la huella de un automóvil. Además, se encontró una lata de cerveza marca Brahma y “un comprobante de seguro de la compañía Escudo, con número de matrícula determinado”. Se trata de un documento que habilita para trabajar a los promotores de seguro y que contiene los datos personales que lo identifican.
“No se tuvo en cuenta que el lugar del hecho ofreció un elemento probatorio para el desarrollo de la investigación”, marcó el abogado defensor del único sospechoso, quien actualmente está detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal III de Eldorado.
Es que, de acuerdo al penalista, la credencial encontrada en el lugar del crimen pertenece a un promotor de seguros matriculado de la ciudad de Eldorado, un hombre de unos 60 años identificado con las iniciales O.A.G.
“No existe una explicación fehaciente que pueda determinar qué hacía o cómo se encontró el seguro de la compañía Escudo de su pertenencia en el mismo lugar en el que se encontró el cuerpo de la víctima”, planteó Benítez exponiendo a la Justicia por no seguir una nueva línea investigativa.
Por otro lado, refirió que su defendido, que todavía no fue indagado, “dijo a una amiga de Vilma y a su madre que el día del crimen dejó a Vilma en la rotonda de acceso a Puerto Iguazú y la vio subirse a un Gol Trend negro”.
Es así que, frente al domicilio del ahora identificado -cuya dirección consta en la credencial del seguro encontrada en el escenario del femicidio-, se constató que había estacionado un automóvil de similares características, “que haría pensar que es de él”, dijo Benítez.
“Se encontraron huellas de un auto y Villar sólo tiene moto, como lo constató su locataria”, apuntó el abogado.
Preguntas y huellas
Tras plantear sus dudas sobre la culpabilidad del soldado en el brutal crimen que sacudió a la provincia, el letrado solicitó al Tribunal Penal Uno de Eldorado el llamado a indagatoria de O.A.G., el hombre del seguro.
Además, pidió que se le tomen las huellas dactilares y se las coteje con las encontradas en la cinta y en la lata de cerveza que se levantaron en la escena, ya que éstas dieron negativas con las muestras tomadas al soldado voluntario.
Planteado este escenario, se supo que, durante la última semana, el fiscal Federico Rodríguez se inhibió en la causa, lo cual generó mucho rechazo en la comunidad, que clama justicia por Vilma. En las redes sociales, publicaciones con el hashtag #BastadeJusticiaPatriarcal pidieron la expulsión de Rodríguez del sistema judicial.