El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.
CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.
La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.
El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.
Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.
De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.
De larga data
La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.
La zona afectada –un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160– corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.
Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.
Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.
Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad. No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.
Ecología de corte
El reclamo de los aborígenes sobre el avance de Carba S.A. en tierras sagradas “tiene un responsable y no es la empresa, es el Ministerio de Ecología de la provincia que continúa justificando el desmonte”, subrayó Marcelo Vasco Baigorri, periodista y miembro del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
Baigorri criticó “la orientación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Ecología, que deberían reverse hacia la conservación y terminar con este tipo de conflictos que destruyen mucho más que un pedazo de selva, atacan la esencia de la relación de entre los guaraníes y el entorno natural”.
Según explicó el referente de la pastoral, la tala del monte nativo se hace en rodales -espacios determinados autorizados por Ecología- donde el desmonte es medido y minucioso sobre especies específicas.
“La empresa elige los árboles más añejos porque ya no producen tantas semillas o frutos, pero sí tienen, por su gran porte, valor comercial por la madera”, detalló el periodista y continuó: “El mbya guaraní siente esa pérdida como algo muy profundo porque ellos son parte de su entorno”.
“Lo legal no siempre es moral”, sintetizó Vasco Baigorri en referencia a las justificaciones del ministro de Ecología, Mario Vialey, sobre los permisos otorgados amparados en un Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos.
Con el apeo de árboles y el conflicto abierto, el ministro Vialey se refirió a la disputa con los mbya y, en declaraciones al sitio web Argentina Forestal, explicó: “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de servicios esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades -de cinco que conviven con la empresa-, se autorizó a continuar con su Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”.
Asimismo, sobre el proceso de reanudación de las actividades, Vialey indicó que “en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba S.A. tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos”, dijo y remarcó: “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta”.
El ministro aseguró que “este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas”, y planteó que “entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”.
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AMBIENTE
Corrientes: permiten la caza ilimitada de jabalíes por considerarlo plaga
La provincia de Corrientes declaró este año plaga al jabalí, una especie europea que el Gobierno local autorizó a que sea cazada sin límite de ejemplares debido a los estragos que ocasiona en áreas productivas.
La declaración de plaga fue formulada a través de la Ley 6.543, sancionada en la legislatura correntina el 14 de octubre último, a propuesta del senador Sergio Flinta, que fundó su iniciativa en los estragos que el jabalí genera en sembradíos de la zona rural.
La ley indica que el denominado “sus scrofa” es una especie exótica invasora y, por lo tanto, junto con sus diferentes cruzas, en estado salvaje o asilvestrado, por sus efectos dañinos y su rápida reproducción, son consideradas plagas.
De acuerdo con los fundamentos de la norma, el jabalí fue introducido en las décadas del 80 y 90 en la provincia para cotos de caza privados y luego se expandió por todo el sur de Corrientes.
Al declarar especie susceptible de caza plaguicida, el Gobierno pretende alcanzar el objetivo de reducir su número poblacional “a una mínima expresión y posterior eliminación total”, indica la ley, en tanto que la autoridad de aplicación, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, abrió un registro de establecimientos rurales que habilitan las cacerías dentro de sus propiedades.
Y además, la norma prevé la suscripción de convenios con municipios “garantizando y/o delegando en los mismos la adopción de medidas de prevención de bioseguridad”, según informó El Litoral.
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Atropellan a dos carayás en Posadas: “La madre murió y la cría se salvó”
La organización animal Yarará en Acción rescató el último sábado a un monito carayá que fue atropellado por un automóvil en las afueras de Posadas.
En el mismo siniestro, murió en el acto una mona hembra, mamá del pequeño que fue salvado.
“La madre murió y su cría se salvó”, lamentaron desde la entidad, y contaron: “Ambos fueron llevados por las autoridades policiales y atendidos por el veterinaria de la reserva El Puma, de Candelaria”.
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AMBIENTE
Buscan a 2 hermanos apuntados como responsables de los incendios en Yabotí
Luego de la quema de más de 250 hectáreas, de las cuales el 95% era bosque nativo virgen, y un daño ecológico irreparable a la selva misionera, una comisión policial de El Soberbio está tratando de ubicar a los responsables y para detenerlos.
Según fuentes judiciales y policiales, lo autores, quienes habrían iniciado el fuego de forma intencional están identificados y es cuestión de horas su captura.
Los policías buscan a dos hermanos 19 y 26 años, quienes residen en la zona y son los apuntalados. Habrían sido reconocido por testigos, quienes los vieron en el lugar, el del Lote 8 en la Reserva Yabotí, al comienzo del incendio.
La denuncia penal la hizo de oficio directamente el Gobierno provincial.