El mortífero avance sobre la selva chaqueña de un empresario, primo del macrista Marcos Peña, se reflejó en El País

La deforestación para cultivar soja arrasa la selva y acorrala al pueblo indígena wichi. Greenpeace ha logrado frenar el último gran proyecto.  Un informe del periodista Ramiro Barreiro del diario El País, de España, revela la injerencia del poder político en una realidad que en Argentina casi no se ve. Un primo de Marcos Peña, jefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri, aparece en el centro de las denuncias en el artículo cuya es la que sigue:

La selva chaqueña, ubicada en la frontera norte de Argentina, es la continuación del Amazonas y el Mato Grosso brasileño. Un enorme pulmón cada vez más acorrralado. En las últimas tres décadas ha perdido ocho millones de hectáreas de bosque.

Una superficie similar a la de Escocia. La presión crece en Argentina, un país que ya produce alimentos para 400 millones de personas pero busca nuevos campos para cultivar más soja. Las provincias más afectadas son Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, las más pobres. La peor parte de este proceso se la lleva el pueblo indígena wichi.

“Ver una máquina desmontando de entre los chanchos era una alegría para nosotros”, cuenta Amancio, referente de la comunidad wichi en Corralito, un pueblo perdido en el interior de Salta. “La empresa cada vez desmontaba más y no nos dábamos cuenta, pensábamos que iba a haber más trabajo. Cuando levantamos la cabeza era tarde, estaba todo pelado y hemos quedado encerrados entre varios productores, estamos arrinconados”, remata.

La comunidad junta agua en los bidones vacíos de veneno que encuentran en los alrededores de las fincas. Es enero, momento en que las precipitaciones alcanzan su pico en la región, con un promedio de 176 milímetros. El desmonte que dio lugar al cultivo de soja -el 60% elige la oleaginosa- se ha comido a muchas de las raíces que absorbían esas lluvias.

“Antes encontrábamos animales en dos días, ahora hay que salir una semana. Llegamos a tener 300 cabezas de cerdos y cabras que criábamos para comer, pero ahora no hay espacio y cuando se salen un poco del campo los finqueros sacan las armas y los matan”, relata Amancio, uno de los pocos hombres que quedan en Corralito.

La desnutrición siempre acompaña a los wichis. En 2016, el ministro de Primera Infancia de Salta, Carlos Abeleira, aseguró que hay al menos 2.000 niños con bajo peso en la provincia, una cifra que se incrementa con el paso de los años. “Las provincias del norte son tierras que deberían tener una vocación forestal, pero es una actividad que no rinde al mismo nivel que la actividad agropecuaria, entonces se ha promovido un desplazamiento de la actividad, lo cual genera una presión sobre esos ambientes”, explica Diego Moreno, secretario de política ambiental del ministerio de Ambiente de la Nación.

Desde el aire se ven perfectas líneas de tierra que dibujan partituras con renglones verdes, que desaparecerán con el accionar de las topadoras. La forma de pelar es despiadada: las máquinas se unen con cadenas y se operan al mismo tiempo para arrasar con todo lo que encuentran en el camino, acabando con los nidos de las aves, que revolotean en círculos, nerviosas. Greenpeace, que invitó al viaje a EL PAÍS, lucha en la zona para frenar estas máquinas. Y de momento lo ha logrado. Después de que la organización irrumpiera tres veces en la finca Cuchuy, propiedad del empresario Alejandro Jaime Braun Peña -primo del jefe de Gabinete Marcos Peña-, el ministerio de Ambiente declaró ilegal el desmonte de casi 150.000 hectáreas, el equivalente a siete veces la Ciudad de Buenos Aires. Pero el daño ya está hecho y ahora resta saber quién se hará cargo de la reforestación, un asunto que enfrentará a productores con la provincia.

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