Denuncian el apeo ilegal de 300 árboles en territorio indígena en San Ignacio

La incursión con motosierras sucedió en la colonia Mbocayaty. Piden que se investigue y señalan la inacción de la Policía al no querer tomar las reiteradas denuncias.

SAN IGNACIO. Miembros de la comunidad mbya guaraní Mbocayaty, de San Ignacio, denunciaron ante el juez de Instrucción el apeo ilegal de unos 300 árboles en su territorio. 

Según señalaron desde la comunidad en su escrito ante el magistrado, la incursión ilegal fue realizada por personas desconocidas el pasado 6 de mayo.

Bernardino Villalba, el cacique de la aldea, denunció asimismo la negativa reiterada de la Policía de Misiones de tomar las denuncias formuladas, “haciéndolos responsables de los daños que pudieran haber ocasionado en nuestro territorio”, dijo.

En este sentido, argumentó que el predio intrusado fue reconocido en los términos de la Ley 26.260 por Resolución N° 770/2012 en el Expediente N° E-Inai-51033-2011. Es decir, que se reconoce la posesión ancestral del territorio referido, con todos los efectos que eso implica, “entre ellos, el derecho de defenderlo de los usurpadores y/o intrusos”, adujo el cacique.

El apeo ilegal se registró el pasado 6 de mayo, cuando habitantes de la comunidad escucharon las motosierras cortando árboles a unos 30 metros del lugar donde se ubican las viviendas. 

Además, se informó que guardaparques de la zona del Teyú Cuaré se hicieron presentes en el lugar para constatar los hechos.

Por ello, reclaman que el juez “realice las investigaciones respectivas” tanto del apeo ilegal como del accionar policial “que una vez más y en forma sistemática discrimina negándose a tomar las denuncias correspondientes”.

El cacique Villalba informó además que fueron cortados unos 300 ejemplares, entre pequeños y grandes árboles de diferentes especies.

Asimismo, deslindaron responsabilidades en el Estado, al asegurar que “ningún movimiento de bosque como el que se realizó, por su magnitud y relevancia, puede hacerse sin la autorización del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, lo cual -los intrusos- no pudieron acreditar en el momento. Creemos que fue un apeo absolutamente ilegal”.

Los miembros de la comunidad piden a su vez que se ordene una medida de no innovar para garantizar los derechos territoriales de la comunidad: “Se hace indispensable la protección por parte del Estado, en este caso, consumado el despojo a través de formas y conducta penadas por el Código Penal, corresponde la intervención del Poder Judicial y más precisamente de la Justicia Penal”, cierra la denuncia.

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