El Hospital Samic de Oberá está siendo investigado bajo serias y graves sospechas de albergar una red criminal dedicada a la venta de bebés en complicidad con profesionales del medio. La Justicia Federal de Santa Fe ordenó el allanamiento y el secuestro de importante documentación que podría probar la existencia del delito de supresión de identidad.

Fuentes mencionaron que la investigación surgió a partir de la denuncia de una mujer obereña que fue rescatada de una red de trata en la provincia de Santa Fe y relató que dio a luz varios hijos que fueron dados por muertos en el Samic de Oberá. Aunque en realidad los recién nacidos habrían sido vendidos en complicidad de enfermeras, médicos y abogados publicó El Territorio.

En consecuencia, ayer los investigadores hicieron copia de la historia clínica de la mujer y tomaron declaración a profesionales, como obstetras y una ecografista que su momento atendieron a la paciente. Con el material secuestrado y las primeras indagatorias, la Justicia Federal pretende avanzar en la causa y esclarecer el hecho. “La denuncia es muy grave, porque la mujer aseguró que le hacían contar una historia de violencia para sacarle sus hijos, lo que no se puede armar sin la participación de varias personas”, subrayaron. De ese modo, también se pretende establecer si las supuestas agresiones de la pareja de la mujer fueron denunciadas oportunamente por los médicos intervinientes, tal como exige el protocolo médico.

Con respecto a esto, el director del Samic, Héctor González, aseguró que desconoce los detalles de la investigación judicial, al tiempo que remarcó que la institución se puso a la disposición de la Justicia para que se investigue el hecho. “No tengo precisiones de cuándo habrían ocurrido los hechos en el hospital. Lo que puedo decir es que la mujer es de Oberá y estuvo en Santa Fe. En base a los registros y la historia clínica se determinó que se atendió dos veces acá, pero no que haya tenido familia”, mencionó.

El procedimiento estuvo a cargo de una comisión judicial con respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la División Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación. El juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, recibió el exhorto desde la provincia de Santa Fe y autorizó el allanamiento, que contó con respaldo de personal de la Policía de Misiones.

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