Si bien las comunidades del Valle del Cuñá Pirú tienen la titularidad de la tierra, sostienen que familias intrusan sus tierras por recomendación del alcalde Eldor Hut.
El último miércoles, funcionarios del Ministerio de Ecología de Misiones acudieron al llamado del cacique Eliseo Chamorro y miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), quienes denunciaron que se estaba realizando el apeo ilegal de árboles nativos en un territorio propiedad de la comunidad Ka’aguy Poty, en Aristóbulo del Valle.
Allí se constató la existencia de rozados de vieja data y árboles nativos apeados y listos para ser utilizados como leña.
En el marco del operativo, se entrevistó a las familias que viven en el lugar, señaladas por intrusar las tierras, se tomaron puntos de GPS y fotos de los trabajos realizados.
Uno de los entrevistados, Juan Maciel, quien vive hace quince años en ese sitio, dijo a las autoridades que realizó una limpieza en su propiedad para armar allí un invernadero. Esta fue la situación que motivó la denuncia del cacique.
Unas catorce familias habitan en la zona señalada. En su mayoría, aseguraron ante los funcionarios de Ecología tener boletos de compraventa que demuestran su posesión sobre la tierra. Algunos de ellos dijeron vivir hace 40 años en el lugar, aunque la ocupación más reciente data de hace apenas un año.
Todos son colonos que se dedican a plantaciones anuales, como maíz y mandioca, y cría de animales, como cerdos y gallinas.
La semana pasada, cuando miembros de la comunidad e integrantes de Emipa se acercaron al lugare indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.
Cuestión de papeles
Los aborígenes tramitan actualmente la titulación de las tierras, luego de un litigio con la Universidad de la Plata que se extendió por 17 años y que en marzo del año pasado culminó con el traspaso a manos de los mbya guaraní.
El trámite de titulación se retrasó a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las comunidades cuentan con documentación que acredita su propiedad.
Al respecto, Vasco Baigorri, periodista y miembro de Emipa, sostuvo que “la gestión del título de propiedad colectiva, proceso que está en marcha, no pone en duda la titularidad de estas tierras por parte de las comunidades”, dijo a Primera Edición.
Asimismo, Baigorri indicó que hace años hay intrusos en esas tierras. De hecho, en abril del año pasado, sufrió en carne propia el ataque de un vecino de la zona, quien lo agredió con un machete en el rostro. “Esa gente que me atacó se fue de esas tierras y vendió terrenos que no le pertenecen”, remarcó.
“Hoy sigue la ocupación, por lo que las comunidades hicieron una denuncia”, enfatizó, y denunció: “Cuando fueron a ver el lugar, esas personas aseguraron que el intendente Eldor Hut les recomendó que ocuparan un espacio por familia”.
“Hay personas que dicen que están hace muchos años, lo cual no es cierto porque conocemos el lugar y sabemos que la mayoría son ocupantes nuevos”, adujo.
“Ninguna de esas personas tienen derecho de ocupación porque, en teoría, nadie puede cobrarle impuestos o servicios”, explicó el periodista. “Sin embargo, la cooperativa de luz conectó la electricidad a varios de los ocupantes de una manera que no es estatutaria, porque según el estatuto tienen que tener título o permiso de ocupación”, señaló.
En las tierras en disputa, cercanas a la ruta 7, “sabemos que hay personas que viven en Aristóbulo y tienen boletos de compraventa cuando nadie tiene derecho a vender esas tierras”, denunció Baigorri.
Por su parte, el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, dijo: “No queremos que sigan avanzando, por ahora pueden estar, pero el caso es que no sigan cortando árboles”.
Sobre la denuncia realizada, explicó que “fue uno de los ocupantes que está hace varios años el que trajo una máquina, no sabemos si de la misma Municipalidad, y tumbó varios árboles. También constatamos con Ecología que venden leña de madera nativa”.
Asimismo, Chamorro señaló que “la intrusión de nuestra tierra es una lucha que no es de ahora y el intendente la conoce bien porque él tampoco es nuevo en ese cargo, porque ya va por su tercera gestión en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”.
En este sentido, el líder de la comunidad aseguró que “tenemos documentos que nos avalan como propietarios de esta tierra, a diferencia de lo que sucedía antes que nos decían que no teníamos papeles para reclamar”.
Nobel de la Paz pidió intervención a Herrera Ahuad
Preocupado por la situación, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta al gobernador Oscar Herrera Ahuad.
“Me dirijo a usted a fin de expresarle mi profunda preocupación a raíz de la intrusión de personas extrañas al territorio de la comunidad Ka’aguy Poty, de la ruta provincial 7, en Aristóbulo del Valle”, comenzó la misiva.
“Durante mucho tiempo, por doce años hemos acompañado a esa y otras cuatro comunidades más en su reclamo territorial ante la Universidad Nacional de La Plata. Hemos participado de varias reuniones, mesas de diálogo y hasta gestionado una reunión con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en una oportunidad que estuvo recibiendo allí una distinción. Pero ahora nos encontramos con esta situación, en la que un grupo de personas ha ingresado al territorio comunitario, supuestamente por indicaciones del intendente de Aristóbulo del Valle, y comenzaron a talar de manera indiscriminada el bosque nativo del mencionado territorio”, manifestó Esquivel, que pidió por la mediación del gobernador para clarificar el conflicto.
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Corrientes: permiten la caza ilimitada de jabalíes por considerarlo plaga
La provincia de Corrientes declaró este año plaga al jabalí, una especie europea que el Gobierno local autorizó a que sea cazada sin límite de ejemplares debido a los estragos que ocasiona en áreas productivas.
La declaración de plaga fue formulada a través de la Ley 6.543, sancionada en la legislatura correntina el 14 de octubre último, a propuesta del senador Sergio Flinta, que fundó su iniciativa en los estragos que el jabalí genera en sembradíos de la zona rural.
La ley indica que el denominado “sus scrofa” es una especie exótica invasora y, por lo tanto, junto con sus diferentes cruzas, en estado salvaje o asilvestrado, por sus efectos dañinos y su rápida reproducción, son consideradas plagas.
De acuerdo con los fundamentos de la norma, el jabalí fue introducido en las décadas del 80 y 90 en la provincia para cotos de caza privados y luego se expandió por todo el sur de Corrientes.
Al declarar especie susceptible de caza plaguicida, el Gobierno pretende alcanzar el objetivo de reducir su número poblacional “a una mínima expresión y posterior eliminación total”, indica la ley, en tanto que la autoridad de aplicación, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, abrió un registro de establecimientos rurales que habilitan las cacerías dentro de sus propiedades.
Y además, la norma prevé la suscripción de convenios con municipios “garantizando y/o delegando en los mismos la adopción de medidas de prevención de bioseguridad”, según informó El Litoral.
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Atropellan a dos carayás en Posadas: “La madre murió y la cría se salvó”
La organización animal Yarará en Acción rescató el último sábado a un monito carayá que fue atropellado por un automóvil en las afueras de Posadas.
En el mismo siniestro, murió en el acto una mona hembra, mamá del pequeño que fue salvado.
“La madre murió y su cría se salvó”, lamentaron desde la entidad, y contaron: “Ambos fueron llevados por las autoridades policiales y atendidos por el veterinaria de la reserva El Puma, de Candelaria”.
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AMBIENTE
Buscan a 2 hermanos apuntados como responsables de los incendios en Yabotí
Luego de la quema de más de 250 hectáreas, de las cuales el 95% era bosque nativo virgen, y un daño ecológico irreparable a la selva misionera, una comisión policial de El Soberbio está tratando de ubicar a los responsables y para detenerlos.
Según fuentes judiciales y policiales, lo autores, quienes habrían iniciado el fuego de forma intencional están identificados y es cuestión de horas su captura.
Los policías buscan a dos hermanos 19 y 26 años, quienes residen en la zona y son los apuntalados. Habrían sido reconocido por testigos, quienes los vieron en el lugar, el del Lote 8 en la Reserva Yabotí, al comienzo del incendio.
La denuncia penal la hizo de oficio directamente el Gobierno provincial.