Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
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Herrera Ahuad visitó a Antonella
El gobernador respaldó a la familia que reclama que le devuelvan a la niña que criaron como su hija y que pretenden adoptar:
“La vi integrada al ambiente y con mucho afecto”.
El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, visitó a la pequeña Antonella en su casa de Eldorado. Fue el sábado por la tarde durante una visita a la Capital del Trabajo, como publicó en exclusiva el medio digital Stop en Línea.
En diálogo con La Voz de Misiones, el mandatario repasó los detalles del encuentro que se concretó en una casa del Barrio Primavera, en el kilómetro 2.
“Los visité. Noté empatía y afecto”, comenzó Herrera Ahuad, quien también es médico pediatra, en un análisis coincidente con el informe psicológico que recomendó a la Justicia no separar a la niña de sus padres del corazón, Ester Barreto y Luis Narciso.
El gesto del titular del Poder Ejecutivo con la familia de Antonella llegó en medio del reclamo continuo de la comunidad, que quiere que la Justicia -ahora la Cámara de Apelaciones– contradiga de una vez el fallo de la jueza Corina Jones, a cargo de Juzgado de Familia N°1 de Eldorado, que con su decisión arbitraria arrancó a la niña de la familia que la protegió desde recién nacida y que, desde siempre, pretende adoptarla.
Luego de una charla cercana con Ester y Luis, y de interactuar con la pequeña Antonella, el gobernador hizo su propia evaluación socioambiental, y le dijo a LVM: “Impresiona un núcleo familiar armónico”.
En un análisis breve y concluyente, el doctor afirmó: “Al a niña la vi integrada al ambiente y con mucho afecto”.
Tiro por elevación
Sin mencionar aspecto alguno de la causa judicial en torno a la adopción de Antonella, el gobernador Herrera Ahuad marcó su apoyo a la pareja que reclama la legalidad para continuar criando a su hija del corazón.
Sobre la visita del gobernador, Leandro Dávalos, tío de niña (hermano por parte de madre de Luis Narciso, el papá de Anto), repasó:
“En vez de enviar a un asesor, vino él a ver cómo vive Antonella”.
La visita sirvió además para que la familia le informe de primera mano la historia de la pequeña. Le entregaron una copia del informe psicológico que recomienda dejar a Antonella con mamá Ester y papá Luis y parte del expediente que la familia cuestiona y que la Cámara de Apelaciones revisa por estos días.
Como un tiro por elevación, Herrera Ahuad marcó su apoyo a los Narciso, los Barreto y los Dávalos, la gran familia que rodea a Antonella. Mientras tanto, todas las mañanas de mantiene firme una guardia de pacíficos manifestantes con carteles en la puerta del juzgado por calle Dinamarca.