El juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale lo solicitó por una víctima cuya causa había prescripto.
BUENOS AIRES. A pesar de que la Cámara de Casación de Lomas de Zamora archivó el caso porque pasaron más de 20 años del hecho, un magistrado decidió que el juicio se lleve a cabo para reparar de manera simbólica el daño a la víctima. De ser hallado culpable, el acusado no irá a prisión
El juez de Garantías N° 8 de Loma de Zamora, Gabriel Vitale, dispuso que se realice un juicio por la verdad en un caso de abuso sexual en la infancia. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental y el Tribunal de Casación Penal provincial determinaron que el delito prescribió porque había pasado mucho tiempo, sin embargo el magistrado consideró que por las características de los hechos denunciados, se trata de una grave violación a los derechos humanos y el Estado tiene obligación de investigarlos, aunque no se aplique una sanción penal.
Al cancelar el derecho de la víctima a que “su verdad” sea discutida públicamente, la Justicia “transforma esa violencia particular denunciadaen violencia institucional pública”, sentenció Vitale a Página 12. Es la primera vez que se dicta en la provincia de Buenos Aires un fallo que reconoce el valor que tiene para la denunciante la posibilidad de ser escuchada por un tribunal y que los hechos sean probados en la Justicia, aunque no haya castigo penal.
La resolución seguramente será apelada por la defensa y tendrán que expedirse nuevamente la Cámara de Apelaciones y Casación. Si queda firme, Vitale llevaría adelante ese juicio por la verdad como si fuera un debate oral ordinario.
“Conocer la verdad histórica de los hechos de abusos sexuales ha de tener un efecto reparador para el adulto víctima y denunciante, ya que la condición de niño/a abusado/a -que es parte inescindible de su personalidad– necesita el reconocimiento proveniente de la sociedad adulta de los hechos que pronunció, para recuperar la confianza en sí mismo y en las demás personas”, señaló Vitale en su resolución.
El caso
La denunciante de 36 años en 2014 denunció ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Esteban Echeverría que entre 1994 a 2000 fue abusada por la pareja de una prima. Los episodios habrían ocurrieron cuando ella tenía entre 10 y 16 años. Por el tiempo transcurrido, la defensa planteó que el delito había prescripto.
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora y el Tribunal de Casación Penal avalaron su postura y dispusieron que la causa se archive. Pero Vitale volvió a pronunciarse ahora con esta propuesta novedosa. Como antecedente, en su resolución menciona una sentencia de diciembre de 2018 de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en relación a la denuncia de abuso sexual en la infancia realizada por dos hermanas -que ahora son docentes- contra una pareja de su madre cuando eran niñas.
Prescripción
Antes de 2011, las víctimas de abusos tenían un plazo de doce años para denunciar. Ese año se sancionó la ley 26.705, conocida como Ley Piazza, que suspendía ese plazo hasta que las víctimas fueran mayores de edad (18 años). En 2015 se sancionó la ley 27.206, llamada “Ley de Imprescriptibilidad” y luego Ley de respeto del tiempo de la víctima. Ya no hay plazos, pero esta norma sólo se tiene en cuenta con los abusos cometidos después de 2015, que es el año en el que entró en vigencia.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.