El juicio contra el sacerdote iba a empezar el 7 de mayo pero se suspendió. La Corte de Justicia de Salta está analizando el pedido de prescripción de la defensa.
SALTA. El juicio contra el cura Emilio Lamas debía iniciarse el 7 de mayo pero se pospuso porque falta la resolución ante el pedido de la defensa para que prescriban los delitos y por la pandemia. El acusado era párroco en la localidad de Rosario de Lerma.
Carla Morales Ríos y Juan Carlos García, denunciantes del sacerdote Emilio Lamas por hechos cometidos en 1991 y 1994 (cuando tenían 14 y 11 años), siguen esperando el juicio e iniciaron una campaña en las redes sociales para sumar apoyos en contra de la prescripción de la causa.
El inicio del debate oral y público estaba previsto para el 7 de mayo pero se pospuso porque falta la resolución de la Corte de Justicia de Salta ante el pedido que realizó el abogado José Fernández, quien ejerce la defensa del cura, para que prescriban los delitos. Otro de los motivos de la suspensión es la pandemia de la Covid-19, por la que hubo feria judicial extraordinaria.
El sacerdote fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, ambos delitos agravados a su vez, por la guarda y por tratarse de un sacerdote. En la causa interviene el fiscal penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 1, Sergio Federico Obeid.
García ha conformado en la provincia la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta. “Es impresionante la cantidad de abusos por parte de sacerdotes. En la Salta conservadora, tradicionalista y religiosa, se ha dejado oculto, se ha tapado todo esto que es un delito y un dolor que psicológicamente nos sigue afectando a todos los que hemos sido abusados. Si no hay justicia en mi caso voy a seguir luchando por las otras víctimas”, afirmó el denunciante, quien añadió que tienen el apoyo de la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico.
Por su parte, Carla dijo a Presentes que “yo creo que lo mío no solamente es para mí, creo que es por mucha gente. Hay muchas chicas que me escriben todo el tiempo, mucho más cuando yo revuelvo el avispero con este tema, que muchas no pueden hablar, o no hablan porque ya su abusador murió o su abusador está dentro de la familia, y entonces sienten que en mi lucha está la de ellas. Me encantaría decirles que hablen pero cada una tiene su propio proceso. A mí me llevó 25 años poder hablar, me llevó más de diez años poder darme cuenta del abuso, me llevó más de 16 años poder convencer a mi familia”.
“En todos los juicios contra curas pedófilos, incluso en Chile y México, la Iglesia busca golpearte moralmente y después económicamente. A mí me dejaron sin trabajo en la Municipalidad de Rosario de Lerma. La tercera estrategia es el planteo de la prescripción en la Justicia”, sentenció García.
La campaña de la Red invita a publicar acciones y pronunciamientos con los hashtags:
#NoalpuntofinaldelacausadelcuraLamas#Justiciaparalasvíctimas y #ReddeSobrevivientesdeAbusosEclesiasticosdeSalta
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.