El acusado es Nicolás Campitelli, cuyo padre se desempeña en el fuero federal de Posadas. Su ex pareja hizo una presentación porque le impide ver al hijo de ambos desde hace casi dos meses. El fiscal le habría intimado a que retire las publicaciones que hizo en las redes sociales.
POSADAS. El hijo de un fiscal del fuero federal de Posadas quedó envuelto en un escándalo al ser acusado por su ex pareja de retener al hijo de ambos, desde hace casi dos meses, impidiendo el acercamiento de la madre que denunció el calvario que vive.
El caso fue revelado por Camila Antonella Pistan, quien hizo una presentación ante la Policía contra su ex pareja Nicolás Campitelli, hijo del fiscal federal Jorge Campitelli, en el marco de un conflicto por la tenencia y visita al hijo de ambos que se habría agudizado en los últimos meses.
“Desde enero estoy teniendo problemas con el padre y su familia”, dijo la mujer en medios locales, pero desde el 5 de marzo pasado el padre de su hijo impide que pueda ver al niño a pesar de los escasos metros que separan a una vivienda de la otra.
De acuerdo con el relato, entre ella y su ex pareja rige una prohibición judicial de acercamiento que data de 2019, tras lo cual cruzaron presentaciones por violencia psicológica de su lado y de maltrato por parte del hombre y el hijo de ambos.
En ese contexto no existirían impedimentos para que, con la intervención de un tercero y mayor de edad, el chico pueda ser trasladado para el régimen de visita que dispuso la Justicia, aunque su incumplimiento profundizó las diferencias.
La mujer señaló que ese acuerdo de las partes y avalado por la Justicia en la actualidad “se encuentra caído, ya que “trece días antes del inicio de la cuarentena por la pandemia, el padre y su familia decidieron prohibir el contacto” entre ambos.
Ante la situación planteada Camila recurrió al Juzgado de Instrucción 6, donde está radicada la causa, pero como toda respuesta le anticiparon que los casos como el suyo, “no iban a atender porque estaban resolviendo temas más importantes y que debía esperar”.
Pero la desesperación de madre por ver al hijo fue mayor y ante la insistencia, el juez Ricardo Balor dispuso la reanudación de la comunicación con su hijo, pero determinó que el menor permaneciera en la casa paterna.
Rol del abuelo
Al relatar las peripecias y el maltrato a los que se ve sometida, Camila sostuvo que en determinado momento “mi mamá fue a tratar de ver a mi hijo en casa de su abuelo paterno (Jorge), quien salió filmando, con el mismo discurso de que mi familia y yo somos los malos”.
En esa circunstancia “mi mamá solo pidió que permitieran el contacto de mi hijo conmigo. Qué respondieron? ‘Den de baja las publicaciones’”, refiriéndose a las manifestaciones divulgadas en las redes sociales.
Y remarcó la mujer que “quisieron negociar con nuestra desesperación por verlo”, imponiendo una visita irregular a fin de desatar una persecución judicial que hasta podría derivar en su detención, por la prohibición de acercamiento vigente, en el conflicto donde la Justicia no aparece imparcial.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.