Es Carlos Dalmasso, conocido empresario que estaba recluido en el Complejo Penitenciario III, desde 2014. El Tribunal Penal lo incluyó en una lista con otros diez beneficiados con la medida. Cumple una pena de 12 añoa y seis meses de prisión.
POSADAS. Un empresario de Eldorado que cumplía una condena por haber abusado sexualmente de sus dos hijos, fue beneficiado con la prisión domiciliaria por la emergencia epidemiológica y sanitaria en las unidades carcelarias, debido a la pandemia de coronavirus.
Se trata de Carlos Dalmasso, quien junto a otros diez sujetos que se encontraban privados de la libertad por distintos ilícitos, fueron incluidos en un programa impulsado por la Comisión Provincial de la Prevención de la Tortura.
La resolución fue dictada por los jueces Ángel Atilio León, Lyda Inés Gallardo y María Teresa Ramos, quienes integran el Tribunal Penal Uno de Eldorado, y tiene la fecha del pasado 2 de este mes.
El escrito fue dirigido al director del Servicio Penitenciario Provincial, alcaide general Manuel José Dutto, para que diera cumplimiento a la autorización con “carácter de salida extraordinaria y bajo el régimen y requisitos previstos para la prisión domiciliaria” a Dalmasso y los demás condenados.
En la nómina figuran también Zacarías De Melo, Ángel Gamarra, Darío Carlos Benítez, Juan Carlos Antúnez, José Ribeiro Da Silva, Miguel Ángel Garcete, Marcial Pedrozo, Sergio Insaurralde, Lucas Dos Santos, Paulino Silvero y Jairo Furts.
El beneficio concedido regirá “durante el tiempo que dure la emergencia epidemiológica y sanitaria declarada en resguardo de la salud pública” de los internos mencionados que deberán cumplir “en los domicilios fijados, bajo el cargo y responsabilidad de sus referentes”.
Además, el Tribunal hizo saber a las autoridades penitenciarias que “el egreso de cada uno quedará sujeto a la utilización de la pertinente pulsera electrónica como método de control”, así como un seguimiento telefónico acerca del “desenvolvimiento y conducta de los beneficiarios en el lugar de alojamiento”.
El caso
Dalmasso fue condenado en mayo de 2013, a 12 años y 6 meses de prisión “por ser autor responsable de los delitos de: abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo, en concurso real con amenazas y suministro de material pornográfico a menores de 14 años”.
El caso causó conmoción en el Alto Paraná donde el empresario había desplegado una intensa actividad y era conocido en un amplio sector de la sociedad eldoradense, al punto que unos 17 magistrados de distintos fueros se inhibieron en la tramitación.
El 24 de enero de 2014, tras varios meses en prisión, el condenado recuperó la libertad por casi un mes, cuando un juez de Posadas dio aceptó un recurso de Habeas Corpus que había presentado la defensa mientras se sustanciaba la apelación de la sentencia.
El responsable de la liberación que resultó temporal fue el juez Fernando Luís Verón, pero su decisión fue apelada por la fiscal Amalia Spinatto ante la Cámara que revocó la medida, desde entonces Dalmasso cumple la condena en el Complejo penitenciario III de Eldorado.
De acuerdo con los últimos informes sobre la situación carcelaria del empresario, desde noviembre pasado goza de salidas transitorias por las reglas que rigen en el sistema una vez avanzado el cumplimiento de la condena, fin de semana de por medio.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.