El ex sindicalista se presentó en Comodoro Py y expresó que se iba “a volver loco” y prefería “volver al penal”. Estaba con prisión domiciliaria acusado de asociación ilícita.
BUENOS AIRES. El ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “El Caballo” Suárez, había sido beneficiado con prisión domiciliaria en la causa que está acusado de asociación ilícita. Sin embargo, se apareció en Comodoro Py e hizo un insólito pedido.
Luego de dos años de domiciliaria, el ex sindicalista se presentó ante el juzgado y pidió volver a prisión porque no soporta a su familia. Hasta el momento, Suárez se encontraba en la casa de una de sus hijas en Vicente López con una tobillera electrónica sobre su pierna.
La Policía notó que la tobillera comenzó a mostrar una actividad inusual al estar en movimiento y Suárez rompió con el protocolo de quedarse dentro de la casa.
Ante esta situación, según contó la periodista de Crónica Silvina Saux, a Suárez lo llamaron a su teléfono que había sido entregado por la propia policía para comunicarse con él ya que había violado su prisión domiciliaria.
El propio Suárez explicó que se estaba yendo al Tribunal Oral Federal 4, en Comodoro Py, porque se iba “a volver loco” y prefería “volver al penal”.
Suárez estuvo más de dos años detenido en el penal de Ezeiza, a la espera del juicio que le sigue por los delitos asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables.
El ex sindicalista marítimo, líder del SOMU durante 30 años, llegó a los tribunales federales cerca de las 3 de la tarde de este martes 27 de noviembre y afirmó que “tenía la presión por las nubes”, que se estaba haciendo “una mala sangre terrible” y no quería “estar más ahí” (en referencia a la casa de su hija), por lo que fue llevado al hospital Británico.
El sindicalista explicó que la convivencia con su familia era difícil y que le generaba angustia, lo que le provocaba algunas subidas en su presión arterial y agravaba sus problemas cardíacos.
Suárez, que está preso sospechado de haberse quedado con dinero del sindicato marítimo a través de empresas controladas por gente de su entorno, dijo ante el tribunal: “Me van a volver loco, prefiero volver al penal”.
Insólito pero real, el sincalista, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) durante 30 años, rompió su restricción y se fue hasta el Tribunal Oral Federal 4 para solicitar que lo devuelvan al penal de Ezeiza, donde estuvo detenidos más de dos años a la espera del juicio que se le sigue por los delitos asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables.
Ante la imposibilidad de devolverlo al penal, por tener concedida una prisión domiciliaria, la Justicia resolvió enviarlo al Hospital Británico, donde permaneció un día internado con controles cardíacos, luego fue derivado a una clínica privada por una semana.
Finalmente, se le concedió un cambio de domicilio y espera el juicio en un departamento del barrio de Villa Pueyrredón en la Capital Federal.
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JUDICIALES
Carlos Carvallo, el exrepresor devenido en locutor que espera sentencia
“Tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena”, dijo Marcelo Ramat, único denunciante de la causa, en una entrevista a la agencia Télam.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay, Pablo Seró.
El juicio
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
Los hechos
“Durante los años 70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía, pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
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JUDICIALES
Miguel Mattos es el nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción 7 de Posadas
Miguel Mattos es nuevo Juez en la provincia de Misiones, se hizo cargo en la Primera Circunscripción de la Instrucción 7 de Posadas.
Además juraron Lidia Graciela Mana quien es la nueva jueza de Familia 1 y Raúl Aníbal Cabral juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Mientras que Marisa Esther Aquino asumió en el cargo de Juez Correccional y de Menores 1 de Eldorado, en la Tercera Circunscripción.
El joven Mattos, expresó que: “Es un orgullo grande, personal y profesional. Desde el 2014 trabajo en este juzgado, pero desde el 2012 en el fuero de Instrucción. Hoy tengo la suerte de estar en este nuevo lugar con el acompañamiento de mis compañeros, como el de los ministros del Superior Tribunal”.
Y continuó diciendo: “Estoy muy tranquilo por el desafío, porque conozco a los empleados del Juzgado de Instrucción 7, sé de la calidad humana y profesional de cada uno de ellos. Eso me deja conforme, tienen humildad y esfuerzo demostrado. Sabemos además que es una expectativa fuerte, tenemos una tarea importante por delante pero que en equipo la vamos a enfrentar, expresó en declaraciones para Primera Edición”.
Agradecimiento a su familia y a sus padres
Miguel agradeció a su esposa hijas y padres: “En este momento me acuerdo de mis nenas (dos hijas) y mi esposa, ellas me acompañan y bancaron tantas horas de estudio. También de mis padres, fueron mi sponsor para ser abogado. Pero remarco que mis compañeros de juzgado me apoyaron para que llegue a esta designación”.
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JUDICIALES
Trasladan a mamá que apuñaló a su beba porque presas quisieron lincharla
La mujer detenida por estar acusada de haber apuñalado a su beba recién nacida, tuvo que ser trasladada a otro lugar de reclusión porque otras detenidas, en más de una ocasión, la agredieron físicamente y ante un probable linchamiento fue llevada a la comisaría 19 de Itaembé Guazú.
La joven está privada de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, cuando luego de una horas fue trasladada desde la comisaría 19 de Itaembé Guazú, donde se encontraba alojada.
La maestra jardinara está imputada del delito de “tentativa de homicidio calificado”. Tras ser interrogada por el juez, dijo no recordar nada de lo que había sucedido el día en que la pequeña apareció dentro de una bolsa, con un cuchillo clavado en la espalda, a la vera del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas.