El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018 en una celda policial en la ciudad de Curitiba, será trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de Sao Paulo, según determinó hoy la justicia de ejecución penal.
BRASIL. La decisión se enmarca en medio del escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un presidio común con homicidas famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.
La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.
Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.
Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.
La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.
La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.
El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.
El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.
“Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso”, dice el comunicado del PT.
Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.
Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.
Telam
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LA REGIÓN
Herrera Ahuad participará hoy de una reunión de la Liga del Norte en Chaco
La cita se da en línea con lo acordado a principios de mes por diez mandatarios de la Región. Bloque de peronistas, radicales y de fuerzas provinciales busca defender intereses y combatir asimetrías. Será a las 17. No estará Alberto Fernández
La reunión arrancará este viernes a las 17, pero sin la participación del Presidente Alberto Fernández, tal como en principio se había informado.
A principios de mes Capitanich había anticipado la estrategia de los gobernadores del NOA y NEA de reactivar y relanzar la Región del Norte Grande, con la mirada puesta en blindar y potenciar los reclamos y la defensa de los intereses de diez provincias con negociaciones y actuación política en bloque, para combatir las asimetrías estructurales que arrastra el conjunto de esos distritos.
En Chaco esperan a priori a los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja); a los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y al misionero Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia), al santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) y al salteño Gustavo Sáenz.
La agenda de planteos regionales es amplia y mixtura urgencias en materia de infraestructura con reparto de recursos, políticas diferenciales o búsqueda de inversiones, según informó Diario Federal.
Capitanich, por su parte, planteó otro más. “Junto al Presidente y los gobernadores del Norte Grande queremos implementar un mecanismo para coordinar y regular el transporte multimodal, lo que va optimizar el sistema de transporte fluvial y marítimo con el sistema ferroviario de transporte de cargas a través de camiones”, dijo.
En la cita virtual de comienzos de noviembre los mandatarios conformaron el Consejo de Gobierno del Norte Grande. El próximo paso ahora es poner en marcha la Asamblea de Gobernadores, para trabajar en la agenda en común. La intención es que se reúna al menos cada 3 meses, con un mandatario como presidente rotativo por 6 meses.
En rigor, la letra chica marca que el Consejo de Gobierno del Norte Grande debe poner en marcha el Consejo Regional del Norte Grande, conformado por esa Asamblea de Gobernadores, una Junta Ejecutiva (órgano con capacidad decisoria) y un Comité Coordinador (formado por un representante del NOA y otro del NEA).
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LA REGIÓN
Absolvieron a tres empresarios en una causa por fraude millonario en Yacyretá
El caso se inició en 1989 por un perjuicio de 191 millones de dólares. Los jueces hablaron de “una severa degradación de las pruebas”. La obra está a 70 kilómetros de Misiones.
Los tres acusados en la causa de corrupción más antigua del país fueron absueltos después de ser juzgados por la administración fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Llamado “el monumento a la corrupción”, el expediente se inició en 1989.
El Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado, absolvió a los empresarios Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega, para quienes la fiscalía y la querella habían pedido que recibieran una condena de hasta seis años de prisión.
Antes del veredicto y en un hecho inusual en tribunales, dos de los jueces leyeron un texto en el que hablaron sobre “una severa degradación de las pruebas” que llegaron a juicio por el paso del tiempo.
Además, hicieron referencia a que recibieron la causa 28 años después de su inicio con testigos muertos, otros que no recordaban los hechos y documentación carcomida y amarillenta perdida en cajas de viejos archivos.
Acusación
En su veredicto, el juez Costabel consideró prescripta la causa mientras que sus colegas López Iñíguez y Costabel rechazaron los pedidos de nulidad de las defensas y absolvieron a los acusados.
Lo que se juzgó fue el cobro ilegal del 15 por ciento de reembolsos impositivos por el hormigón que se usó para la construcción de la represa y el 25 por ciento de la importación de neumáticos. El fraude al Estado fue de 191.004.275,394 de dólares.
Yacyretá es la obra civil más grande del país. Se trata de la represa para la generación de energía eléctrica que une a la Argentina desde la provincia de Corrientes, a través del río Paraná, con Paraguay. Se comenzó a gestar en 1973, en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, y se inauguró en 1994 en la administración de Carlos Menem.
La denuncia que dio inicio a la causa la presentó el 14 de octubre de 1989 el contador Antonio Casanova y recién llegó a un Tribunal Oral en 2017 con la acusación a los tres empresarios que intervinieron en la compra de los insumos: Henin, director de Dicmar SA, Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas contratadas, y Ortega, a cargo de las adjudicaciones.
Las absoluciones pueden ser apeladas por el fiscal Córdoba y la querella para que sean revisadas y revocadas por la Cámara Federal de Casación Penal ya que en el juicio pidieron que los acusados fueran condenados.
Antecedente
Este es el segundo juicio que sea hace por Yacyretá. En 2013, el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas de entre cuatro y tres años de prisión, entre ellos al ex subsecretario de Industria de la Nación Miguel Ángel Cuervo, quien estuvo preso. Fue por el reintegro ilegal de 17 millones de dólares a la empresa italiana Ansaldo Energía Spa por la compra de cinco turbinas para la represa por 70 millones de dólares.
A pesar de que la causa ya lleva 31 años, se sigue investigando. Los ex funcionarios de la Secretaría de Industria que firmaron los contratos con los empresarios absueltos continúan con una causa abierta a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
(Fuente: Infobae)
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LA REGIÓN
Sacaron dos manguruyús de 100 y 60 kilos y los devolvieron al Paraná
Cuatro hombres lograron capturar un manguruyú de más de 100 kilos en el Paraná, en la localidad correntina de Paso la Patria y luego lo devolvieron al río. Los pescadores aseguraron que sacaron otro ejemplar de 60 kilos.
Un grupo de pescadores chaqueños capturaron un ejemplar gigante en peligro de extinción en la localidad correntina de Paso la Patria.
Se trata de un manguruyú gigante de más de 100 kilos y, según relataron los pescadores, la odisea fue “una locura”.
Los cuatro son oriundos de la localidad de Charata, Chaco, y dieron con el ejemplar en Punta Iglesias. Guiados por Diego Florez, quien los llevó a la zona y seleccionó la carnada correcta, devolvieron el pez nuevamente a su hábitat.
“Fue una locura. Ya habíamos sacado otro de 60 y este era mucho más grande. Le calculamos unos 100 kilos”, contó Florez al medio La Dos.
La imagen es sorprendente: los cuatro pescadores sosteniendo el manguruyú gigante de 100 kilos, una de las especies más grandes del Paraná, según informó La Dos.
Cabe recordar que el manguruyú es una especie protegida cuyo sacrificio está terminantemente prohibido. El incumplimiento de la medida tiene como consecuencia fuertes multas y quita de licencia de pesca.