NACIONALES
Fue contundente el fallo de la Corte contra el tarifazo en gas
Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo “de clase”), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a “boca de pozo”, con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz.
En una resolución abarcativa y con varias aristas, el aumento fue anulado para todos los usuarios residenciales de todo el país, a quienes la Corte les otorgó la razón en el amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Por su propia jurisprudencia, la Corte sólo identificó a este segmento (según cifras oficiales, un 26% de los consumidores totales de gas) como una cantidad de personas con un interés homogéneo que les permitiría acceder a un proceso colectivo. El voto conjunto de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fijó el trazo grueso al que adhirió con sus propios fundamentos Juan Carlos Maqueda. El debut de Horacio Rosatti fue a través de un extenso voto en el que desplegó otras variables de la sentencia. El desarrollo fue un compendio de la sucesión de errores e imprevisiones que el Poder Ejecutivo tuvo en materia tarifaria desde que fijó los aumentos, y también le dejó advertencias a futuro: las audiencias públicas “esenciales” no podrán tener un carácter testimonial, sino que de su resultado se desprenderá la gradualidad, uno de los requisitos previstos para los aumentos.
De alguna forma, ratificó -en esta segmentación- lo dispuesto el 7 de julio por la Cámara Federal de La Plata. Para los usuarios finales se volverá al cuadro tarifario previo al 1 de abril y no se les cobrarán retroactivos. En el caso del resto, quienes deberían pagar la nueva tarifa con retroactividad, no los comprende el fallo pero abre la posibilidad de que se multiplique la litigiosidad.
Los jueces no ingresaron a analizar todos los segmentos porque allí tenían visiones contrapuestas. Como resultado, es probable que el aumento de los costos en servicios públicos provoque un traslado a precios, en momentos en que el Gobierno se esperanzaba con un descenso de la inflación.
La Corte le dejó al Gobierno la obviedad de poder fijar la política tarifaria, pero le arrebató poder establecer de forma unilateral -sin consulta previa- el precio de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), es decir, lo que se les paga a los productores. Sostuvo que de acuerdo con la evolución normativa en la materia, sólo podría excluirlo de una audiencia pública si lo dejara librado al libre mercado de oferta y demanda. De otra forma, deberá incluirlo en la discusión junto con los valores de transporte y distribución.
La Corte recordó que desde 2004 fue el Estado el que, durante el kirchnerismo, fijó ese valor, algo que continuó en la administración de Mauricio Macri. “En la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la Ley 24.078”, sostuvo. En su voto, Maqueda reafirmó este punto, que el Gobierno creía ganado cualquiera fuese el resultado, lo que le permitiría cobrar en las facturas más del 60% del valor de los aumentos, según su propio informe.
La Corte también ordenó al Gobierno mantener la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del pueblo de la Nación (crucial en las audiencias), cargo vacante desde abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. No sin quejarse de fallos genéricos, la Corte también advirtió a jueces y tribunales sobre la procedencia de los amparos otorgados, en lo que pareció un mensaje para futuras aplicaciones restrictivas en cuanto a medidas de alcance general.
En el repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo hasta una irónica mención a las denominadas “audiencias informativas” y el subrayado sobre que si las condiciones del sistema energético eran críticas, obligaba a tener medidas “prudentes”.
Lejos de dramatizar como el oficialismo, la Corte recordó qué otras vías tiene el Gobierno para suplir lo que destinará a subsidios y deslizó que las empresas tuvieron créditos y los usuarios pagaron cargos en sus boletas destinados a infraestructura, lo que apuntó a conjurar las amenazas de las prestatarias sobre su crítica situación.
“Frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que no les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas”, sostuvo el Tribunal sobre el impacto económico de la medida. Rosatti, por sus fundamentos, aclaró otro de los argumentos oficiales y sostuvo que “la seguridad jurídica -requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética- se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas”.
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NACIONALES
Senadores ya debaten la ley de aborto: los misioneros, dos en contra y uno a favor
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a debatir en comisiones el proyecto de despenalización del aborto.
En un intenso año legislativo, que en medio de una pandemia fue más agitado que años anteriores, la votación definitiva se espera para el 29 de diciembre, mientras que las sesiones ordinarias irán hasta el 3 de enero de 2021.
El Ejecutivo nacional espera aprobar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el plan de los 1.000 días –una promesa de campaña de Alberto Fernández– tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes pasado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
A partir de las 14 de hoy, los senadores empezarán a sesionar en forma virtual el plenario de tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre.
El día de la votación, el debate será presidido por la comisión Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa.
Voto a voto
De acuerdo a los primeros sondeos, las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro y se espera que la pelea sea voto a voto.
Esta vez, el peronismo está decidido a ganar, luego de la derrota de 2018 por 38 a 31 cuando era oposición al gobierno de Cambiemos.
Ahora, en los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre cinco y seis senadores que no se pronunciaron sobre el tema.
Como ya sucedió en la Cámara de Diputados irán a exponer en el Senado expertos en el tema entre este martes y miércoles con el objetivo de convencer a los indecisos o indefinidos. Quienes están a favor del proyecto y los que están en contra se dividirán en partes iguales a esos expositores, que serían, en principio, 30.
Cuando se voten ambos proyectos estarán habilitados para participar 71 senadores. La Cámara la integran 72, pero el tucumano José Alperovich pidió la prórroga de su licencia hasta el 31 de diciembre, ya que se lo investigado en una causa por abuso sexual tras la denuncia de una de sus sobrinas, quien también había trabajado como una de sus asesoras.
Hay otro senador, el catamarqueño Oscar Castillo, que declaró que se abstendrá. En 2018 había votado afirmativamente pero en este momento acusa al Gobierno de oportunismo político. Más allá de estos dos casos, los que relevan números en la Cámara Alta ven por ahora un 32 a 32 en las preferencias en la crucial votación.
En caso de haber igualdad, desempatará Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avisó a los legisladores que prefiere evitar esa situación.
El voto misionero
Los tres senadores por Misiones, Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana, de la renovación, y Humberto Schiavoni, del PRO, adelantaron su voto. Por su parte, el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara Alta aseguró que irá en contra de la iniciativa del presidente, quien dio libertad de acción a los legisladores.
Mismo camino seguirá Solari Quintana, quien ya se pronunció en oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la votación de 2018, y este año ratificó su compromiso con la ola celeste provida.
De su lado, el senador Schiavoni se pronunciará de igual forma que en el debate de hace dos años y apoyará la iniciativa que lleva al pañuelo verde como signo de lucha.
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Diputados dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se define en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora pasará al Senado.
Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 legisladores que se abstuvieron.
Ahora todas las miradas están sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
A lo largo de la reunión del pleno del cuerpo, expusieron más de 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
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NACIONALES
El aborto legal baja al recinto para un debate de 30 horas, en Diputados
Un plenario de comisiones dio despacho a la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo con modificaciones. La sesión comienza este jueves.
La Cámara de Diputados e la Nación, en un plenario de comisiones, dio dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y será debatido desde este jueves y hasta el viernes en una sesión especial del cuerpo, por unas 30 horas.
Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.
La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo fue tratada en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizó por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
Al abrir la reunión, Moreau, destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
También remite al Código Civil los casos de las jóvenes de 14 y 15 años, ya que los embarazos gestados hasta los 13 se consideran violación y los mayores de 16 están encuadrados en las normas vigentes con su respectiva figura legal.
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
El denominado sector “verde” contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.
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