NACIONALES
Ordenan al juez Casanello investigar a Cristina en el caso Báez
“Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, afirmaron en su resolución Martín Irurzun y Eduardo Farah, cuyo apartado más crítico fue titulado “Lo que viene dejándose de lado”. De esta forma, confirmaron los procesamientos de Báez y del contador Daniel Pérez Gadín -que seguirán presos en Ezeiza-, Martín Báez, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín por haber intentado blanquear a fines de 2012 alrededor de u$s5.100.000 a través de SGI. Los jueces validaron el uso como prueba de los videos, cuyo origen sigue siendo desconocido. La decisión impacta en el primer procesamiento: Casanello procesó a Báez junto a Jorge Chueco por la repatriación de u$s33 millones a través de Helvetic Services Group, también bajo instrucción de la Cámara, que le ordenó profundizar esa hipótesis. “De momento resulta válido considerar como ilícito precedente al fraude impositivo proveniente de la utilización de facturas apócrifas” de distintas empresas, aclarando que “la consideración del origen del dinero ilícito restringida a la evasión fiscal que formula el juez es sólo una de las hipótesis posibles de las que ya se encuentran incorporadas”, concedieron. Embargos, inhibiciones y bienes incautados fueron avalados por el tribunal.
Pero en esta resolución, los dardos de los camaristas nuevamente apuntaron a Casanello: “Los acontecimientos fueron sujetos por el juez, hasta aquí, a un examen limitado que aborda aspectos parciales -y menores- de aquellos”. Por lo que recordaron que ya habían advertido al magistrado sobre ampliar su pesquisa dado que “no podía parcializarse la investigación de las maniobras y que, en esa línea, había hechos inseparables de las hipótesis por las que se promovió la instrucción”. Por esta vía fue que comenzaron a cuestionar la ausencia de imputaciones sobre quienes le otorgaron obras públicas, a partir de las cuales se habrían obtenido los fondos para cometer ilícitos. “Paralelamente existieron, en forma continuada y repetida, vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada”, sostuvieron. “Al respecto, la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente”, explicitaron, bajo el supuesto objetivo de “hacerse espuriamente de fondos públicos”. Pusieron la lupa sobre “posible decisión directa o influencia ejercida” para que esas licitaciones fueran derivadas a Báez. Por eso señalaron a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Obras Públicas. El 21 de marzo, Casanello había asegurado que Cristina no estaba involucrada en la pesquisa.
Lo novedoso del fallo fueron las pautas para “coordinar” la investigación con la que tramita Julián Ercolini precisamente por una presunta asociación ilícita, o por la causa Hotesur. En el rol de “ordenadora”, la Cámara propuso avanzar rápido y constituir reuniones periódicas entre los jueces para compartir pruebas en los expedientes y así, evitar dilaciones. No embarcarse en peritajes ni en acciones que terminen en “fracaso”. La inédita recomendación también sugirió “delegar” en la fiscalía algunos tramos y elevar a juicio las partes que ya cuenten con pruebas, separándolas si hace falta del expediente principal. La Sala II plasmó así un atajo a las condenas Cristina de Kirchner eligió Twitter para responder a través de una catarata de publicaciones: “Podrán meterme presa, pero no van a tapar un plan que distribuye pobreza”, escribió, entre otras referencias tanto a Panamá Papers (sin mencionar a Mauricio Macri pero aludiendo a él y a su entorno) y a la sucesión de allanamientos que ocurrieron ayer en Santa Cruz, en el marco de la causa Los Sauces. “Hacía décadas” que no veía “un abuso de poder y persecución política semejante”, denunció.
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NACIONALES
Senadores ya debaten la ley de aborto: los misioneros, dos en contra y uno a favor
La Cámara de Senadores de la Nación comenzará hoy a debatir en comisiones el proyecto de despenalización del aborto.
En un intenso año legislativo, que en medio de una pandemia fue más agitado que años anteriores, la votación definitiva se espera para el 29 de diciembre, mientras que las sesiones ordinarias irán hasta el 3 de enero de 2021.
El Ejecutivo nacional espera aprobar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el plan de los 1.000 días –una promesa de campaña de Alberto Fernández– tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes pasado con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
A partir de las 14 de hoy, los senadores empezarán a sesionar en forma virtual el plenario de tres comisiones que el jueves emitiría un dictamen para que se pueda debatir el 29 de diciembre.
El día de la votación, el debate será presidido por la comisión Banca de la Mujer, que lidera la pampeana Norma Durango (Frente de Todos) y también intervendrán la de Justicia y Asuntos Penales, con el neuquino Oscar Parrilli a la cabeza (otro legislador del oficialismo) y la de Salud, cuyo titular es el radical jujeño, Mario Fein, quien ya expresó su rechazo a esta iniciativa.
Voto a voto
De acuerdo a los primeros sondeos, las posturas a favor y en contra de la IVE se encuentran en un empate técnico. Hasta último momento habrá negociaciones con la intención de volcar la balanza hacia un lado u otro y se espera que la pelea sea voto a voto.
Esta vez, el peronismo está decidido a ganar, luego de la derrota de 2018 por 38 a 31 cuando era oposición al gobierno de Cambiemos.
Ahora, en los diferentes bloques, como ocurriera con los diputados, la posición no es uniforme. Todavía hay entre cinco y seis senadores que no se pronunciaron sobre el tema.
Como ya sucedió en la Cámara de Diputados irán a exponer en el Senado expertos en el tema entre este martes y miércoles con el objetivo de convencer a los indecisos o indefinidos. Quienes están a favor del proyecto y los que están en contra se dividirán en partes iguales a esos expositores, que serían, en principio, 30.
Cuando se voten ambos proyectos estarán habilitados para participar 71 senadores. La Cámara la integran 72, pero el tucumano José Alperovich pidió la prórroga de su licencia hasta el 31 de diciembre, ya que se lo investigado en una causa por abuso sexual tras la denuncia de una de sus sobrinas, quien también había trabajado como una de sus asesoras.
Hay otro senador, el catamarqueño Oscar Castillo, que declaró que se abstendrá. En 2018 había votado afirmativamente pero en este momento acusa al Gobierno de oportunismo político. Más allá de estos dos casos, los que relevan números en la Cámara Alta ven por ahora un 32 a 32 en las preferencias en la crucial votación.
En caso de haber igualdad, desempatará Cristina Fernández de Kirchner, quien ya avisó a los legisladores que prefiere evitar esa situación.
El voto misionero
Los tres senadores por Misiones, Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana, de la renovación, y Humberto Schiavoni, del PRO, adelantaron su voto. Por su parte, el ex gobernador y actual vicepresidente primero de la Cámara Alta aseguró que irá en contra de la iniciativa del presidente, quien dio libertad de acción a los legisladores.
Mismo camino seguirá Solari Quintana, quien ya se pronunció en oposición a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la votación de 2018, y este año ratificó su compromiso con la ola celeste provida.
De su lado, el senador Schiavoni se pronunciará de igual forma que en el debate de hace dos años y apoyará la iniciativa que lleva al pañuelo verde como signo de lucha.
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Diputados dio media sanción a la legalización del aborto y ahora se define en el Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en general por 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahora pasará al Senado.
Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 131 votos positivos, 117 negativos y 6 legisladores que se abstuvieron.
Ahora todas las miradas están sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
A lo largo de la reunión del pleno del cuerpo, expusieron más de 160 oradores a favor y en contra del proyecto y en el último tramo cerraron el debate los diputados que defienden cada uno de los dictámenes de mayoría y minoría.
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El aborto legal baja al recinto para un debate de 30 horas, en Diputados
Un plenario de comisiones dio despacho a la iniciativa del Ejecutivo. Lo hizo con modificaciones. La sesión comienza este jueves.
La Cámara de Diputados e la Nación, en un plenario de comisiones, dio dictamen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y será debatido desde este jueves y hasta el viernes en una sesión especial del cuerpo, por unas 30 horas.
Con la mirada puesta en el Senado, la Cámara más complicada a priori en términos numéricos para el acompañamiento a la legalización del aborto, el texto del proyecto de Diputados sufrió algunos cambios para asegurar un piso más alto de votos.
La iniciativa por la interrupción voluntaria del embarazo fue tratada en un nuevo plenario de comisiones de Legislación General -que preside Cecilia Moreau (Frente de Todos)-, Penal -encabezado por Carolina Gaillard-, Salud -por Pablo Yedlin- y Mujeres -por Mónica Macha-, que se realizó por primera vez en el recinto de sesiones para mantener el distanciamiento social.
Al abrir la reunión, Moreau, destacó el nivel del debate que se desarrolló en las reuniones informativas, que calificó de “ordenado, prolijo y respetuoso”, y dijo que en ese clima “están dadas las condiciones” para emitir el despacho.
El proyecto establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
También remite al Código Civil los casos de las jóvenes de 14 y 15 años, ya que los embarazos gestados hasta los 13 se consideran violación y los mayores de 16 están encuadrados en las normas vigentes con su respectiva figura legal.
Los diputados a favor del proyecto tendrían casi asegurados los 129 legisladores que se necesitan para superar la mayoría absoluta que se requiere para aprobar la iniciativa y confían en sumar algunos de los indecisos que, según ese sector, se va achicando cada vez más cuando se acerca la sesión.
El denominado sector “verde” contabiliza 124 votos a favor, según señalaron las fuentes consultadas por Télam, en tanto que el resto de los pocos indecisos o los que aún no se definieron -que ya se redujo a menos de una decena en las últimas horas- no descartan optar en el recinto por la abstención.
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